Declaramos la guerra a la corrupción, por Marco Arana

El Frente Amplio declara la guerra a los corruptos y sus corruptores. La meta es impedir que nos roben más de 23 mil millones de soles al año y disminuir drásticamente la corrupción.

Según el Ministerio Público, a cien días de confinamiento de la pandemia, las denuncias por corrupción se han incrementado en 700%.

 La corrupción perjudica al erario nacional que pierde valiosos recursos para invertir en educación, salud, vivienda, infraestructura, dar respuesta a la demandas de los pequeños agricultores y jubilados.

 Ya hemos conseguido las leyes de muerte civil de corruptos y de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. También hemos conseguido una nueva ley para la Contraloría General de la República aunque falta fortalecerla.

Doce propuestas:

En prevención, debemos ir a la enseñanza de la lucha anticorrupción en las escuelas. Hay que terminar con su normalización: “todos roban”, “no importa que robe pero que haga obras”. 

Crearemos el sistema de control social de la corrupción con participación de las rondas campesinas y urbanas y los frentes de defensa anticorrupción. Será función de la Contraloría apoyarlos.

En la Nueva Constitución, constitucionalizaremos el derecho de la sociedad a vivir libre de corrupción, disponiendo el fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción y las medidas de transparencia que incluyen el carácter mandatorio de los presupuestos participativos en los gobiernos locales y regionales, así como la transformación digital del Estado para tener transparencia y acortar los plazos de tramitación, fiscalización y sanción.

La responsabilidad de los delitos de corrupción será extendida a las personas jurídicas, que son las que terminan favorecidas. En el caso de que se establezca que los contratos del Estado con privados han sido fruto de corrupción, se disolverán esos contratos. La seguridad jurídica solo aplica para contratos transparentes, no para contratos viciados por corrupción.

Incrementaremos al doble las penas a los funcionarios del sistema de justicia que cometan actos de corrupción, pues son los encargados de combatirla. Cero tolerancia con administradores de justicia corruptos.

Como en tiempos de guerra, la corrupción que ponga en peligro la salud en tiempos de emergencia sanitaria, será considerada como traición a la patria y se sancionará con pena de cadena perpetua.

La excarcelación de quienes haya sido sentenciados por delitos de corrupción estará sujeta a la devolución de lo robado o del pago de sus reparaciones civiles. Nunca más la corrupción servirá para enriquecerse o enriquecer a los testaferros.

Llevaremos a cabo la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los jueces y fiscales supremos serán elegidos por todos los titulares del país y no solo entre ellos, y habrá carrera meritocrática para acceder a la titularidad de los cargos, no pudiendo permanecer en ellos por períodos indefinidos. La edad de jubilación de los jueces y fiscales será también de 65 años.

Haremos la reforma policial. Mejor selección de los aspirantes. Una sola escuela de formación policial con una Inspectoría autónoma. Se fortalecerá la policía de investigación criminal, su capacidad tecnológica y logística, así como de la DIVIAC  y se recuperará el prestigio comunitario de la PNP.

Se hará efectiva la sanción a los partidos políticos que lleven corruptos al Congreso, sancionándolos con el escaño vacío y habrá renovación congresal por mitades.

Dada la importancia del “cuarto poder”: serán canceladas las licencias de los medios de comunicación que reciban sentencia judicial firme por delitos de corrupción. Sus dueños serán inhabilitados a perpetuidad.

Haremos una nueva ley de contrataciones del Estado con tablas únicas de precios nacionales y la acción de fiscalización de la CGR se extenderá también a las modalidades de APP y OxI.