Derrotar a la corrupción en el sector público es un hecho histórico, por Andrés Alcántara

Nuestro gobierno es consciente que, todas las instancias del estado han sido copado por la corrupción, a través de acciones individuales, como en acciones de bandas criminales, organizadas dentro del sistema para robarle a todos los peruanos. Se han organizado para facilitar el robo; pero también para cubrir sus delitos y gozar de impunidad. Aquí concertan intereses funcionarios públicos, empresarios y actores del sistema de justicia.

En el 2019 teníamos 8081 funcionarios públicos con indicios de presuntas responsabilidades administrativas, tipo civiles (2157) y penales (3079) (Shack, Pérez y Portugal, 2020, p. 24).

Ya tenemos la Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado, ley que exige la implementación del sistema de control interno fue aprobada el 17 de abril de 2006.

Sin embargo, el avance en la implementación del sistema de control interno, del total de 3,595 entidades públicas solo 122 (3.39%) lo han implementado. Eso conlleva a que diversos casos de evidente corrupción de funcionarios no fueron identificados, registrados ni procesados con la evidencia correspondiente de manera oportuna e inmediata.

Los casos de corrupción durante el 2019 han generado un perjuicio económico equivalente a S/. 36,742.33 millones de soles y al 14.9% de la ejecución presupuestal.

Frente a esto mi gobierno implementará lo siguiente:

1. Se luchará contra la corrupción de manera real y efectiva, estableciendo los medios físicos y digitales para su detección inmediata y oportuna, denuncia proceso y sentencia. Para ello, entre otras acciones se tomará en cuenta las siguientes:

• Se asignarán los presupuestos de las entidades públicas para los órganos de control institucionales para que sean administrados directamente por la Contraloría General de la República no menores al 3% de los presupuestos institucionales anuales de las entidades públicas.
• Se creará mecanismos para la visibilidad y transparencia de los procesos de contrataciones y toda la gestión del Estado Peruano con sistemas de vigilancia ciudadana.
• Se creará el Directorio de Empresas No Éticas que operan en el Estado Peruano; donde se incluirá a todas las empresas que hayan cometido delitos contra el Estado Peruano; y empresas que hayan sido sancionadas por daño ambiental y no hayan pagado sus multas y/o realizado las recuperaciones ambientales o las reparaciones civiles a las poblaciones afectadas. Estas empresas estarán impedidas de contratar nuevamente con el Estado Peruano mientras que no hayan superado las condiciones que llevaron a su inclusión en este directorio.
• Desarrollar sistemas de información que permitan la identificación inmediata y oportuna de transacciones sospechosas de corrupción con la información disponible en la SUNAT (Calva y Alfaro, 2019), en la SUNARP o en otras entidades del Estado Peruano para lo siguiente:
  • La detección inmediata y oportuna de las variaciones significativas de los valores de los registros de propiedad de servidores y funcionarios públicos durante el ejercicio de sus cargos.
  • La detección de facturaciones y/o pagos de bienes, servicios u obras de las entidades del Estado Peruano a servidores y funcionarios públicos y/o sus familiares, durante el ejercicio de sus cargos.
  • La detección inmediata y oportuna de variaciones significativas en los cambios de montos de partidas presupuestales dentro de los presupuestos; con la finalidad de evitar cambios orientados a compras potencialmente delictivas.
  • Implementación progresiva del sistema de control interno en las entidades públicas a nivel nacional, regional y local, priorizando las entidades en las que se ha detectado la mayor corrupción (Alfaro, 2018).