Estas elecciones, como pocas veces en la historia reciente de nuestra República, plantean la necesidad de formular cambios sustantivos en la Constitución de 1993. La crisis política, económica y social derivada de la pandemia, pero, sobre todo, de la inoperancia y corrupción de las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, ha instalado en el ideario colectivo la exigencia de reformas constitucionales que permitan a los sectores más vulnerables de nuestra población acceder a oportunidades de desarrollo que, por la indiferencia criminal de las autoridades de turno y los intereses mezquinos de malos empresarios, le han venido siendo esquivas durante estas últimas décadas.
En efecto, si bien nos alejamos de las posturas refundacionales de facciones recalcitrantes de la izquierda marxista que plantean la redacción de una nueva Carta Magna para aniquilar a los sectores productivos, bajo el pretexto de considerar que la actual proviene de un gobierno que no respetó los cauces democráticos (y sin valorar que durante su vigencia millones de familias lograron salir de la pobreza), somos conscientes de que hay mucho por cambiar.
Por ello, en Renovación Popular hemos trazado un objetivo de corto plazo, denominado “Plan de los 100 Días”, que consta de 35 puntos de atención inmediata que permitirán que nuestro gobierno oriente esfuerzos, desde el 28 de julio del 2021 y durante los primeros 100 días de gestión, a descentralizar decididamente el país, trasladando la sede de la Presidencia de la República y de los ministerios al interior; a eliminar completamente la corrupción (Corrupción Cero), en cualquier instancia del aparato público; a atender a las poblaciones más necesitadas (Hambre Cero), con el apoyo de miles de jóvenes solidarios a nivel nacional; y a colocar al productor agropecuario y minero independiente en posición de acceder a precios internacionales respecto de los bienes que produce, eliminando, a través de las Centrales de Compra Agropecuaria, por ejemplo, la intermediación perversa que empobrece su actividad. Todo ello, con metas e indicadores de gestión que emulen la eficiencia de una empresa del sector privado.
Dicho Plan, que proviene de un proyecto integral de mediano plazo destinado a transformar al Perú en los próximos cinco años, busca además resaltar, como eje central de su propuesta, el respeto irrestricto a la vida desde su concepción, el enaltecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad y el desarrollo integral de hombres y mujeres desde una concepción humanista, pero vinculada al mundo a través del trabajo sin explotación, la educación con tecnología, el deporte y la libertad.
El Perú ostenta todas las capacidades para convertirse en una potencia mundial: una ubicación geográfica privilegiada en el continente, que permite proyectar su comercio al gran mercado del Asia-Pacífico; recursos naturales que le facultan lograr vastos territorios agrícolas y ganaderos; cuencas hidrográficas para proyectos de irrigación y de generación de energía eléctrica para la exportación; yacimientos mineros como el de litio, en Puno, que permitirán transformar a dicho departamento en un productor mundial de baterías para industrias que demanden alta tecnología. Está en todos nosotros poder lograrlo.
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