Ambas agrupaciones políticas defendieron el derecho a la participación electoral y el pluralismo, un día después de que la fiscal Delia Espinoza solicitara a la Corte Suprema declarar ilegal a Fuerza Popular.
Los partidos políticos Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular emitieron comunicados rechazando intentos de excluir a agrupaciones políticas de las Elecciones Generales 2026, luego de conocerse la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar ilegal al partido Fuerza Popular.
A través de un comunicado, Alianza Para el Progreso reafirmó su compromiso con la democracia, el pluralismo, "y el derecho a elegir y ser elegido"; además, subrayó que “las diferencias se resuelven con votos, no con exclusiones”.
La agrupación señaló que la proscripción de partidos solo debe proceder con “pruebas inequívocas y motivación reforzada”, advirtiendo que decisiones excepcionales en vísperas electorales podrían afectar la confianza en el proceso.
Por su parte, Renovación Popular expresó su rechazo a “los intentos que se vienen realizando de bloquear o limitar la participación de distintas agrupaciones políticas en las elecciones generales del próximo mes de abril”.
La organización defendió el derecho de los peruanos a elegir libremente, afirmando que “ni la Fiscalía, ni ninguna entidad que no sea parte del sistema electoral debe impedir, ni limitar, esta libertad que es la base del sistema democrático nacional”.


La solicitud de la Fiscalía
La controversia surgió tras la solicitud de Delia Espinoza, fiscal de la Nación, presentada ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, para declarar ilegal a Fuerza Popular y cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
La denuncia, formalizada en marzo de 2025 tras una acusación ciudadana, argumenta que el partido ha incurrido en conductas antidemocráticas, como la vulneración de derechos fundamentales, persecución de opositores y legitimación de la violencia política.
El documento de más de 300 páginas detalla antecedentes históricos del fujimorismo y señala que, tras las derrotas electorales de Keiko Fujimori en 2011, 2016 y 2021, Fuerza Popular “desplegó sistemáticamente prácticas de desconocimiento de los resultados, impulsando discursos y acciones orientados a deslegitimar a las autoridades electas”, afectando la gobernabilidad del país.
Además, acusa al partido de mantener vínculos con colectivos violentistas como 'La Resistencia', responsables de agresiones contra magistrados, políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos.
Reacciones al pedido de Delia Espinoza
La solicitud de Espinoza ha generado reacciones desde Fuerza Popular hasta el Ejecutivo. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) criticó la decisión, afirmando que “la Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”.
El comunicado de la PCM enfatizó que los ciudadanos deben decidir a sus representantes mediante el voto libre.
Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, acusó a Espinoza de actuar políticamente, especialmente por presentar la solicitud un día antes de que la Junta Nacional de Justicia evalúe su permanencia en el cargo.
“La señora fiscal, desgraciadamente, está siendo política”, afirmó Galarreta, negando cualquier vínculo del partido con organizaciones violentistas y cuestionando la validez de los argumentos fiscales.