Más de 2 mil funcionarios públicos fueron sancionados por la Contraloría entre 2015 y 2018

La carrera electoral municipal y regional ha empezado y tiene como fecha clave el siete de octubre próximo. Son 1874 municipalidades distritales, 196 provinciales y 25 gobiernos regionales en disputa.

Eso sí, para estos comicios las reglas han cambiado: no se permite la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. El Congreso estableció esa restricción en marzo del 2015 para tratar de evitar la corrupción de nuestras autoridades. Al margen de la eficacia de la norma, esas son las reglas de juego.

Es evidente que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la corrupción a nivel municipal y regional. Los casos emblemáticos son el de César Álvarez, en la región Áncash, entre los años 2007 y 2014, y ahora mismo el de Elías Cuba, que acaba de caer en el distrito limeño de La Victoria.

Ambos, en diferentes niveles y magnitudes, construyeron redes de corrupción que por lo escandaloso de los delitos cometidos fueron denunciadas por la prensa y desmanteladas por la Policía y las autoridades judiciales.

Pero lamentablemente, como conocen y padecen los ciudadanos de nuestro país, no son los únicos. Para una mejor selección de sus candidatos, las organizaciones políticas que participan en estos comicios pueden revisar sus antecedentes en una plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones conocida como “ventanilla única”, que cuenta con información del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, del Interior, Sunat, Registros Públicos y municipios.

Sin embargo, en esa “ventanilla única” no está incluido el registro de la Contraloría con la relación de funcionarios sancionados y comprendidos en procesos administrativos por actos de inconducta funcional y corrupción. Las sanciones de la Contraloría pueden variar desde suspensión por 3 meses hasta la inhabilitación para ejercer la función pública durante cinco años.

El portal de investigación Convoca.pe ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre la materia y lo que ha encontrado es muy grave: entre los años 2015 y 2018, un total de dos mil 670 funcionarios de diferentes entidades públicas fueron sancionados por la Contraloría por presunta corrupción e inconducta funcional. La mayor parte de ellos laboraban en municipios y gobernaciones, como lo señala su directora, Milagros Salazar.

"Lo interesante es que cuando hemos hecho el cruce de información entre esta base de datos de funcionarios sancionados por presunta corrupción e inconducta funcional, hemos encontrado que hay una gran parte que tiene vinculación con agrupaciones políticas que hoy están en carrera, que están en campaña electoral para estas elecciones municipales y regionales que se van a desarrollar en octubre", señala.

Otro dato relevante de la investigación de Convoca.pe es que de ese total 244 funcionarios cometieron faltas graves y muy graves. Además, 125 participaron como candidatos en anteriores elecciones regionales y locales, incluso postularon a curules en el Parlamento. Pero existe además un vacío en la ley que les permite postular, pero no ejercer el cargo como lo advierte Milagros Salazar, directora de Convoca.pe.

"Hemos identificado casos muy importantes, por ejemplo, en la región Arequipa, que hay funcionarios que han sido inhabilitados incluso y que han desempeñado cargos en diversas administraciones públicas, diversas gestiones de alcaldes y gobernadores regionales que son el brazo derecho del candidato principal en esa región. Ese es el caso, por ejemplo, de un funcionario que se llama Carlos Moya, que lidera todas estas infracciones en Arequipa. ¿Qué ha dicho la Contraloría frente a esto? Que si postulan y son elegidos, no podrían ejercer el cargo", explica.

¿En qué niveles de Gobierno se concentra la mayor cantidad de funcionarios públicos sancionados? En las municipalidades más de 900, en los Gobiernos Regionales 417 y en las entidades del Gobierno Central más de 300.

¿Qué regiones encabezan el ranking de funcionarios públicos sancionados? Lima Metropolitana primero con 308, luego Arequipa con 140, Cajamarca con 138, La Libertad con 111 y Junín con 98.

Y los partidos políticos con más funcionarios públicos sancionados en sus filas son el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, el Partido Nacionalista, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y diversos movimientos regionales.

La sanción más impuesta, con 33 por ciento del total, es al mismo tiempo la más grave: actuar de forma parcializada en perjuicio del Estado en licitaciones, concursos, subastas, entre otros procedimientos, en beneficio propio o de terceros.

Con esa información en mente la tarea para usted, ciudadano, es entonces tener mucho ojo al momento de decidir por cuál candidato votará en las elecciones de octubre próximo.