Una de las principales acciones que implementaré en la Presidencia de la República será una verdadera reforma integral del sistema privado de Pensiones. En mi gobierno, aplicaremos una reforma que garantice la inversión de los fondos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs, en territorio peruano para ser capitalizados en obras que impulsen el desarrollo y crecimiento del país.
Las AFPs administran 80 mil millones de dólares, de los cuales 40 mil millones son invertidos en el extranjero con la anuencia del gobierno peruano. Nosotros lucharemos porque esos fondos que nos pertenecen a todos los peruanos se queden en nuestro país y sean utilizados para la generación de empleo masivo y de calidad para millones de compatriotas.
En esa línea de acción, desde el Estado promoveremos y garantizaremos mega proyectos viables de infraestructura que brinden rentabilidad y productividad a los miles de afiliados y pensionistas. Con estos fondos generaremos y construiremos autopistas de penetración que conecten a todas las regiones del interior del país y permitan el crecimiento del comercio, empleo y turismo en las principales ciudades.
También fomentaremos la inversión en grandes proyectos de reforestación, siguiendo el ejemplo de los países del primer mundo generando empleo local de calidad y convirtiendo al Perú en un país modelo de conservación natural y exportador de materia prima de calidad. Uno de nuestros principales objetivos será ubicarnos a la vanguardia de los países europeos en programas de reforestación y manejo responsable de nuestros recursos naturales.
Desterraremos a las mafias enquistadas en el poder de turno que impiden a las AFPs a través de normas burocráticas y desfasadas invertir en nuestro país. No nos temblará la mano para adoptar medidas que beneficien la inversión en el Perú y que vayan en contra del modelo económico perpetuado por años para favorecer a los grandes grupos de poder.
En nuestro gobierno, otra de nuestras medidas más urgentes será la entrega de un bono solidario para las familias más vulnerables y de extrema pobreza que pretende cubrir en parte la gran deuda social que tiene el Estado con la población, entre ellos los jubilados de la 19990, siempre postergados y olvidados por todos los gobiernos de turno.
Garantizaremos que los fondos de millones de nuestros compatriotas que administran la Oficina de Normalización Previsional, ONP y la Caja Militar Policial serán supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS y el Banco Central de Reserva, BCR, bajo el mismo modelo de administración que el sistema privado de pensiones, teniendo como premisa la generación de una rentabilidad que beneficie la calidad de vida de sus pensionistas y afiliados.
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