Si no recuperamos el derecho fundamental a la educación pública universal, gratuita y de calidad, en nuestro país pluricultural y biodiverso, no tendremos un país más democrático, sin desigualdades y discriminaciones, ni el desarrollo de una economía diversificada, ecológicamente sostenible, capaz de ayudarnos a salir de la grave crisis socioeconómica de los tiempos de pandemia y de crisis ecológica, en el marco del Bicentenario.
El problema estructural es profundo. Hasta 1908, las mujeres peruanas que sabían leer y escribir no tenían acceso a la educación universitaria. Y la Constitución de 1993 trajo abajo el derecho a la educación sustituyéndolo por el solo “derecho” a la libertad de enseñanza y la elección de los centros de educación acordes con su capacidad económica, lo que ha profundizado la desigualdad.
Desde el Frente Amplio, siempre hemos afirmado que la mayor riqueza del Perú es su gente. Esto implica recuperar el derecho a la educación, planificar e invertir más en ella; formar mejor a los maestros y también a los que están en labores docentes, con evaluaciones que no tengan el carácter punitivo de la actual normatividad, lo que ha generado enorme rechazo en un sector profesional mal remunerado y que tiene más del 40% de maestros en situación de contratados.
La solución a esta crisis educativa exige también que recuperemos el reconocimiento social de nuestros maestros, lo cual incluye mejorar el salario a los profesores jubilados, que son la prueba viva del maltrato recibido.
En un quinquenio hay que cumplir con la meta del Acuerdo Nacional de inversión de 6% del PBI, con indicadores de eficiencia de la inversión per cápita por alumno. Junto a ello, es preciso resolver las necesidades de los estudiantes afectados por la desnutrición y la anemia, así como por la falta de acceso al agua potable y servicios de saneamiento.
La jornada escolar completa forma parte de nuestra política pública educativa basada en derechos. Ella redundará en una mejor preparación de nuestros estudiantes para la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático y el desarrollo de habilidades para las ciencias, el arte, la ciudadanía y en nuevas tecnologías para una nueva economía. Estamos lejos de ello, cuando de los más de ochenta mil colegios públicos, solo tenemos clubes de ciencias en tres mil de ellos.
Entre las medidas concretas, se requiere evaluar la reforma educativa para la renovación curricular en el marco de un proyecto común de sociedad democrática, pluricultural, de Buen Vivir, con una Nueva Constitución que constitucionalice el derecho de nuestra sociedad a vivir libre de corrupción.
Recuperada y fortalecida la educación pública, la educación privada será accesoria. La educación pública de calidad, prestigiosa, será a la que acuda la mayoría. La calidad educativa de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) debe ser el derecho de todos los escolares.
Culminaremos la red troncal de fibra óptica nacional para garantizar la conectividad. Invertiremos en capacitación de los maestros en tecnologías de información y comunicaciones. Igualmente, dotaremos de plataformas multimodales a estudiantes y maestros, con oferta de internet gratuito en los espacios públicos, comenzando por los distritos de mayor pobreza. Para este propósito, se mejorarán los ingresos públicos con impuestos a las grandes fortunas, eliminación de exoneraciones tributarias, combate a la corrupción y con la mejora de la administración pública descentralizada.
Fortaleceremos la educación pluri e intercultural, afianzaremos la educación bilingüe en todas las instituciones educativas indígenas y ampliaremos la oferta gratuita de estudios virtuales de idiomas, historia y cultura de los pueblos originarios a los estudiantes de todos los niveles educativos del país.
¡El Frente Amplio quiere construir un Perú mejor!
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