A lo largo de 200 años se ha cambiado doce veces la Constitución Política del Perú; sin embargo, lo único que no ha cambiado es la corrupción. Nuestra historia está plagada de hechos corruptos y de gobernantes que traicionaron a nuestra patria.
Hoy nos toca vivir a los peruanos uno de los momentos más difíciles en medio de una crisis económica producto de una pandemia que ha desnudado un estado incapaz de proteger a sus ciudadanos.
Según datos de la Contraloría, en el año 2019, 23 mil millones de soles terminaron en actos de corrupción. Esto supone que el Estado dejó de construir puentes, carreteras, postas médicas, colegios, hospitales. Es por eso, que ha llegado la hora de parar a estos delincuentes, por lo cual proponemos una constitución anticorrupción, incorporando un capítulo que luche contra ese flagelo.
En Victoria Nacional creemos que es necesaria una reforma de la Constitución, sobre todo en la parte concerniente a la estructura de poder.
Esta reforma tiene que darse con dos objetivos comunes: primero, la lucha contra la corrupción, y segundo, la eficacia del Estado frente a las demandas ciudadanas.
Queremos una Constitución Anticorrupción que nos proteja de los corruptos. Seremos enfáticos en exigir que el nuevo proceso de reforma constitucional incorpore un conjunto de cláusulas de lucha contra este flagelo, tales como: la declaración de la corrupción como actos de lesa humanidad, la incorporación de jurados en los juicios por corrupción, la elección de jueces de primera instancia, entre otras medidas necesarias para frenar este problema histórico que daña a toda la nación.
Es necesario también hacer un análisis de las funciones de los poderes del Estado y no olvidar que deben trabajar de manera adecuada en la atención de los servicios que demanda la población.
Debemos trabajar unidos y ello implica que la reforma constitucional no solamente tenga un enfoque eminentemente político, sino también un carácter técnico y social.
Creemos que todo esto se logrará si los representantes del Gobierno, el Congreso de la República, el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, están bien articulados como Estado; pero también es necesario que la sociedad civil, incluidas las rondas urbanas y rurales, comunidades campesinas y nativas, frentes de defensa, comunidades autogestionarias, comedores populares, y todas las demás organizaciones sociales, participan de este proceso.
No podemos seguir perdiendo tiempo en discusiones de leyes simbólicas o fuera del margen constitucional, dejando de lado una buena oportunidad para aprobar leyes que generen desarrollo. Por ejemplo, las instituciones económicas, la propiedad comunal, la modernización de la justicia y declarar el acceso a internet como un derecho inherente al ser humano.
Se vienen nuevos tiempos. En Victoria Nacional sabemos que la reforma constitucional es un pilar fundamental para el cambio que proponemos.
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