Ministerio de Justicia y Procuraduría no solicitaron a María Caruajulca la declaración jurada en donde debía indicar que no había cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado
La Contraloría General de la República advirtió una "situación adversa" en el proceso de designación de la procuradora María Caruajulca Quispe, quien entró en el cargo en reemplazo de Daniel Soria. La funcionaria contó con la aprobación del presidente Pedro Castillo y el exministro de Justicia Ángel Yldefonso. Ante ello, la Contraloría recomendó al Minjus tomar medidas al respecto.
De acuerdo con el informe, ni el Ministerio de Justicia ni la Procuraduría cumplieron con el requisito de solicitarle a Caruajulca Quispe la declaración jurada en donde debía indicar que no había cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.
“No obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho, situación que origina el riesgo de afectación al principio de justicia y equidad; así como, se mantengan relaciones laborales en conflicto por el cumplimiento de funciones a cargo”, se puede leer en el informe.
Además de la omisión, el Órgano de Control Institucional del Minjus solicitó un informe sobre una denuncia contra Caruajulca por una presunta “inacción en la defensa jurídica de la Municipalidad” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial”. Ello, cuando se desempeñaba como procuradora municipal del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
La Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional consigna que la actual procuradora no ratificó una denuncia ante la comisaría de SJL y evitó iniciar acciones legales en contra de una funcionaria por un caso de supuesta falsificación de documentos.
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