¿Qué ocurre en la Sunedu?: Panorama de una situación que afecta al ente regulador de la educación superior nacional

La Ley N° 31520, aprobada por el Congreso el 13 de julio del año pasado, ya se encuentra en pleno proceso de implementación y trae consigo la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El último viernes, se instaló el nuevo consejo directivo de la entidad que, a la luz de la nueva ley, debe estar integrado por 7 miembros. Sin embargo, su instalación se realizó solo con 4 integrantes: 2 representantes de las universidades públicas, un representante del Ministerio de Educación (Minedu) y uno de los decanos de los colegios profesionales.

Tras dicha instalación, la tarea inmediata que debían cumplir era la elección del nuevo superintendente de la entidad, quien reemplazaría a Oswaldo Zegarra, titular del organismo aún en funciones. Esto, pese a que dicho consejo directivo no estaba completo.

Al respecto, el secretario general de la PUCP y el presidente del Concytec informaron al delegado del Minedu, Andrés Ramos Salas, que la elección de sus representantes al consejo directivo estaba en proceso y solicitaron que dicho consejo se instale luego de completarse los 7 miembros.

Cabe precisar que, según la Ley N° 31520, la convocatoria para elegir al representante de las universidades privadas la realiza "la universidad privada más antigua del Perú"; es decir, la PUCP.

Asimismo, un séptimo miembro del consejo directivo debe ser aportado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Sin embargo, este organismo aún no ha designado a su representante pues, para ello, debe cumplir con un protocolo aprobado para este fin recién a inicios de febrero de este año.   

Ante este escenario, según información del diario La República, Miguel Castillo Venegas, uno de los representantes de las universidades públicas, habría respondido que la norma no especifica que debían estar todos los miembros del consejo para elegir al superintendente y habría pedido aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos que establece que el quórum válido es la mayoría absoluta de sus miembros; es decir, los 4 presentes.

Tras ello, dieron por instalado el consejo directivo, emitieron una carta notarial para dar a conocer ello al consejo directivo anterior y programaron la elección del nuevo superintendente para ayer, sábado, a las 9am. 

Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguna entidad ha informado si se llegó a realizar tal elección o si fue suspendida para otra fecha, pese a que es información relevante de interés público.

Llegado a este punto, cabe preguntarse: ¿cómo fue que la Sunedu, tras casi una década de gestión considerada exitosa, ha retornado a una figura equivalente a la cuestionada Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con lo cual, según diversos sectores del quehacer académico, la calidad de la educación superior en todo el país estaría en riesgo?

Con impulso del Ejecutivo

Cabe resaltar que la llamada "Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas", mejor conocida como Ley de Contrarreforma Universitaria, recibió un último impulso del Ejecutivo para su puesta en marcha.

El pasado 13 de febrero, el representante del Minedu ante la Sunedu, Andrés Ramos Salas, designado por el ministro de Educación, Óscar Becerra, envió sendas cartas notariales a las entidades que debían acreditar representantes ante el consejo directivo de la entidad, convocando a su instalación y a la elección del nuevo superintendente.

Este hecho llamó la atención dado que el premier Alberto Otárola, el 23 de diciembre del año pasado, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) referido a la Sunedu, se pronunció a favor de la continuidad de la reforma universitaria en una entrevista en RPP Noticias.

"Vamos a tomar las decisiones que busquen corregir o mejorar el sistema educativo en el país. Nosotros creemos que la educación es un servicio público que no puede retroceder", indicó en ese entonces, aunque resaltó que "el Gobierno es respetuoso de las decisiones de los órganos constitucionalmente autónomos".

Ese mismo día, la presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión con representantes de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) y de la Sunedu, y garantizó la calidad de la educación superior en la reglamentación de la ley aprobada por el Congreso, mediante una "amplia convocatoria" que "beneficie a los estudiantes".

Esta defensa fue reafirmada por Otárola el pasado 10 de enero cuando, durante la solicitud del voto de confianza al Gabinete por parte del Congreso, sostuvo que el Gobierno "no iba a permitir que regresen modelos de universidades de papel y de cartón”.

Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo no ha cumplido con sus ofrecimientos respecto a la reglamentación de la norma y ha sido quien, mediante el Minedu, ha impulsado la instalación del nuevo consejo directivo de la Sunedu.

Por otro lado, el mismo día en que Ramos Salas apresuraba la instalación de dicho consejo directivo enviando cartas notariales, el ministro de Educación, Óscar Becerra, envió un oficio al presidente del consejo ad hoc del Sineace, Carlos Barreda, solicitando la "suspensión" del protocolo aprobado por dicha entidad para elegir a su representante ante la Sunedu.

En sus argumentos, el titular del Minedu alegaba que estaba realizando gestiones ante el TC para que se "aclare" si la elección del representante del Sineace debía darse "cuando el sistema se encuentre restituído y en funcionamiento" conforme lo establece la Ley N° 28740 que fue restituída por la Ley N° 31520.

Polémica designación

Tras las referidas cartas notariales remitidas por Andrés Ramos Salas, al día siguiente, la Aunap, mediante un pronunciamiento, denunció que dicho funcionario habría sido designado por el Minedu de manera irregular, acorde a la Ley Universitaria.

"Esto es muy grave porque la Ley 30220 ordena que no pueden designarse personas relacionadas a las actividades reguladas por la Sunedu. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado dos años antes. Autoridades, directivos, asesores o consultores de universidades deben haber cesado un año antes", señaló la Aunap.

 

El 15 de febrero, la congresista Susel Paredes envió un oficio al procurador de la Sunedu y al contralor general de la república, Nelson Shack, denunciando que Ramos Salas no cumplía con lo estipulado por la Ley N° 31520 para integrar el consejo directivo de la entidad.

Según resaltó la parlamentaria, la norma establece que no pueden ser miembros del consejo directivo quienes "sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas, o de otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la Sunedu" y que "en caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad, al menos dos años antes de postular al cargo".

Ese requisito, según la denuncia de Paredes, no había sido cumplido en dicha designación, dado que Ramos Salas "es Director de Escuela del Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres (USMP) desde 1984 hasta la actualidad".

 

RPP Noticias pudo verificar que, hasta el último 14 de febrero, Ramos Salas aparecía en la página web de la USMP como Director del Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esa casa de estudios.

Sin embargo, ese mismo día, la universidad modificó esa información y reemplazó el nombre de Ramos Salas con el de Luis Celi Saavedra como "encargado" de ese departamento académico, lo cual es lo que figura en dicha página web, actualmente.

 

Asimismo, RPP Noticias constató que el 8 de febrero, día en que se emitió la resolución ministerial que designó a Andrés Ramos Salas como representante del Minedu ante la Sunedu, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, se reunió con el ministro de Educación, Óscar Becerra, entre las 8 am. y las 9:31 am. en una "reunión de trabajo" que tuvo lugar en el despacho ministerial.

Sucesos previos

Cabe resaltar que la rectora de la UNMSM ha tenido un papel importante en la implementación de la llamada Ley de Contrarreforma Universitaria. En agosto del año pasado, pese a que entonces el Poder Judicial había ordenado que se suspendan las modificaciones a la Ley Universitaria que estipulaba la norma del Congreso, Jerí Ramón convocó a la sesión en la que se eligió a los dos representantes de las universidades públicas al consejo directivo de la Sunedu.

Dicha elección se realizó solo con la presencia de 14 rectores de 31 universidades públicas acreditadas, pese a que la Aunap señaló su oposición a dicha designación. El 24 de agosto, la rectora de San Marcos invitó a Américo Guevara, presidente de dicha asociación, al acto de entrega de credenciales de los dos miembros elegidos.

Los dos rectores designados fueron Manuel Castillo Venegas y Manuel Hernández García, quienes, actualmente, son desconocidos como representantes por la Asociación de Universidades Nacionales del Perú.

Otro actor determinante en el avance de la ley del Congreso fue el Tribunal Constitucional (TC) que, el 15 de setiembre del año pasado, admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520 presentada por 13 congresistas que la respaldaron en el Pleno, un hecho que, en ese momento, resultaba totalmente insólito.

El pasado mes de diciembre, el TC anunció su decisión de declarar infundada dicha demanda de inconstitucionalidad, con lo cual, en interpretación inversa, se entendía que la norma era constitucional y, con ello, la demanda de amparo admitida por el Poder Judicial a favor de la Sunedu contra la ley dejaba de tener efecto.

Ante ello, el Consorcio de Universidades - integrado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad del Pacífico (UP) y la Universidad de Lima (ULIMA) - rechazó el fallo del TC.

"Con la decisión del Tribunal Constitucional, se daña una de las pocas políticas públicas que, durante ocho años, ha dado resultados positivos en beneficio de millones de estudiantes universitarios del Perú. Con la decisión del Tribunal Constitucional el sistema universitario sufre un lamentable retroceso y pone en riesgo el derecho de nuestra juventud a recibir una educación superior de calidad", señalaba en un comunicado del 28 de diciembre del año pasado.

Tras lo expuesto, cabe preguntarse si los integrantes del nuevo consejo directivo de la Sunedu y, más aún, el superintendente que ese mismo órgano elija optarán por una gestión que continúe con las acciones emprendidas para garantizar la calidad de la educación superior. 

Por lo pronto, Oswaldo Zegarra, quien todavía es superintendente de la entidad, refirió en RPP Noticias que espera que la persona que lo reemplace “tenga las condiciones y los requisitos necesarios para ocupar un cargo importante en el sistema universitario”.