El último 15 de enero, el partido Ciudadanos por el Perú (CPP) logró su inscripción ante el JNE. La organización tiene como secretario general nacional a Martín Carbajal Zegarra, quien también es señalado por la Fiscalía como "operador regional" de la presunta organización criminal "Los Waykis en la Sombra".
Ciudadanos por el Perú (CPP), partido político vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado 15 de enero, con lo que queda habilitado para participar en las Elecciones Generales del 2026.
La organización política, según constató RPP, acreditó como personero legal titular a Luciano Murrugarra Ramírez, quien fue militante de Alianza para el Progreso (APP) entre el 2015 y el 2022, y como personera alterna a Nilda Bravo Nuñez, quien fue militante de Somos Perú entre el 2015 y el 2024; según información del portal Infogob.
Asimismo, según información del JNE, CPP acreditó como secretario general nacional a Martín Carbajal Zegarra, quien es señalado por la Fiscalía como un "operador regional" de la presunta organización criminal Los Waykis en la Sombra.
El Ministerio Público apunta a que Carbajal Zegarra, bajo las indicaciones de Nicanor Boluarte, habría apoyado en la captación de "personas de confianza" "para que fueran designadas en los cargos de sub prefectos y prefecto" de regiones como Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco. Según la Fiscalía, dichos funcionarios "debían recabar las fichas de afiliación necesarias para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú y efectuar contribuciones económicas para cubrir los mencionados gastos de inscripción de dicho partido".
No obstante, Martín Carbajal Zegarra -sociólogo de profesión, según Sunedu- también estuvo inmerso en una polémica en abril de 2023, a causa de una reunión que habría gestionado entre empresarios mineros y falsos asesores del Gobierno, lo cual fue objeto de una investigación a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Presunta gestión irregular
El 17 de abril de 2023, un reportaje de Panorama dio a conocer que Martín Carbajal Zegarra, entonces consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) de la PCM, habría generado una reunión irregular entre representantes de la empresa minera Río Blanco Copper y falsos funcionarios públicos en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la referida entidad del Ejecutivo. Esto debido a un proyecto minero valorizado en 2700 millones de dólares.
Según el dominical, el 13 de febrero de ese año, representantes del referido proyecto minero solicitaron una reunión formal a la PCM para viabilizar su proyecto. Ante ello, la entidad del Estado les informó que la reunión se realizaría el 17 de febrero. No obstante, días antes de la fecha, habrían recibido una llamada de Carbajal Zegarra quien pidió reunirse con representantes de la compañía, fuera de los registros oficiales. En el encuentro, el funcionario les habría presentado a dos personas y abandonó la reunión.
Chats difundidos por el programa periodístico dan cuenta de que Carbajal se habría presentado en la cita acompañado de Ronald Tito Lamar, supuesto asesor de la PCM, y de Eimer Flores Orozco, supuesto representante de las municipalidades de Ayabaca y Huacabamba. Aquella reunión no fue registrada oficialmente, pese a realizarse en la sede de la PCM; sin embargo, sí quedó constancia de su realización en un acta. En ella, quien se presentó como Eimer Flores Orozco firmó como Deyver Flores Calle, exfuncionario vinculado a un caso de corrupción del exgobernador regional Gregorio Santos, según el dominical.
Ambos supuestos funcionarios públicos les habrían dicho a los representantes de Río Blanco que podían apoyarlos en su proyecto, que deberían trabajar con ellos y que era vital ejecutar, "tercerizar de una vez el plan de trabajo". Panorama reveló que Tito Lamar es un empresario especializado en proyectos mineros y Flores Calle tiene empresas constructoras.
Además, el 23 de febrero, Martín Carbajal escribió un correo -con firma y logo de la PCM- indicando a los empresarios de Río Blanco que, tras la reunión del 13 de febrero, era "necesario impulsar acciones conjuntas y rápidas, a través de un plan estratégico de intervención seria". Al respecto, en comunicaciones internas, la empresa alertó que podría tratarse de un "tema de corrupción por la forma como se ha dado la reunión".
A fines de ese mes, los representantes de Río Blanco, a través de una carta, solicitaron nuevamente una reunión a Alexandra Ames, entonces secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, para el 2 de marzo. Sin embargo, un día antes de la fecha, un sujeto llamado Carlos Fernández Dúnker envió esa misma carta a Kuan Yu Pan, ejecutivo de la minera, vía virtual, con el mensaje: "soy Carlos Fernández, despacho de Asesores de Presidencia. Para coordinar este documento".
A continuación este le envío otros mensajes: "1. Por favor, enviar carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte con el mismo contenido. 2. Acreditar a la persona que irá a la reunión. 3. Coordine con el señor Martín Carbajal los detalles de la agenda”.
No obstante, Panorama reveló que Carlos Fernández Dúnker es un nombre inventado que no figura en el Reniec. Sin embargo, el programa identificó el número desde que se envió el mensaje como perteneciente a Rómulo Antúnez Antúnez, exviceministro de Agricultura del gobierno de Pedro Castillo. Este dijo que se presentaba como asesor de la Presidencia "para llamar la atención". Además señaló que el nombre 'Carlos Fernández Dúnker' se lo dieron "los comuneros de Ayabaca", que fue "un desliz" haberse presentado así y que el número se lo dieron "la gente de Ayabaca". También dijo conocer a Carbajal Zegarra, Tito Lamar y Flores Calle.
Después de la emisión del reportaje, Alexandra Ames dijo haber verificado la existencia de una reunión realizada el 13 de febrero de ese año en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, en la que habría participado Martín Carbajal con los representantes de la empresa minera.
El 14 de abril de ese año, ella pidió información sobre las conclusiones del encuentro; pero en un oficio enviado al viceministro de Gobernanza Territorial, Paul Caiguaray, dijo que tres días después aún no había recibido respuesta. Por eso, la funcionaria solicitó al despacho del viceministro gestionar ante la Secretaría General de la PCM la finalización del vínculo laboral con Carbajal.
“Ante esta situación, teniendo en consideración que los requerimientos de esta secretaría no están siendo atendidos debidamente en un tema tan sensible, que rechazo y que Carbajal tiene un contrato en modalidad FAG, mucho se agradecerá la finalización del mencionado contrato”, se lee en el oficio.
Por su parte, a través de un comunicado, la PCM informó que dispuso una investigación sumaria tras el caso presentado por el dominical.
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