El abogado del exmandatario denunció penalmente a Henry García, director de Seguridad del INPE, quien habría sido el que tomó las fotografías de la celda de Vizcarra, pese a que este "manifestó de manera expresa y directa su negativa", e indicó que "no otorgaba su consentimiento para utilizar su imagen".
El abogado Erwin Siccha, defensa legal de Martín Vizcarra, denunció penalmente a Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), tras difundirse públicamente fotos de la celda del exmandatario en el penal de Barbadillo.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad agravada, imputados al referido funcionario "y los que resulten responsables".
El abogado alega que dichas fotografías fueron tomadas por García Malpartida, pese a que su patrocinado "manifestó de manera expresa y directa su negativa, señalando claramente que no otorgaba su consentimiento para utilizar su imagen".
"A pesar de ello, el referido funcionario captó la imagen de manera sorpresiva, intentando justificar su proceder bajo el argumento de que se trataría de un uso interno", indica la denuncia a la que tuvo acceso RPP.
Fotografías se habrían tomado en requisa "ejecutada sin sustento objetivo alguno"
El abogado señala que las referidas fotografías habrían sido tomadas por Henry García en una requisa que se ejecutó "la mañana del día domingo 8 de febrero", pese a que, "durante las primeras horas de la noche" del día anterior, ya se había realizado una.
"Esta segunda requisa fue dispuesta y ejecutada sin sustento objetivo alguno, sin una justificación funcional concreta y pese a no concurrir ninguna situación de urgencia, riesgo o excepcionalidad que la hiciera necesaria, y lejos de responder a una finalidad legítima de seguridad penitenciaria, evidenció un ejercicio arbitrario y abusivo de las atribuciones propias del cargo, generando un escenario de presión y amedrentamiento que impactó directamente en la esfera personal y dignidad del interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien se vio sometido a una intervención reiterada e injustificada por parte de la autoridad", indica Siccha.
El abogado enfatiza que "durante las diligencias descritas, la única persona que tomó una fotografía del interno fue el funcionario denunciado, circunstancia que evidencia un uso indebido de la imagen, completamente ajeno a cualquier finalidad legítima de seguridad penitenciaria y que agrava la conducta desplegada al comprometer directamente derechos fundamentales, en particular el derecho fundamental a la intimidad personal, a la dignidad humana y a la presunción de inocencia".
"Respecto de este último derecho, debe precisarse que, aun cuando el interno se encuentra privado de su libertad, la medida de encarcelamiento deriva de una sentencia de primera instancia que ha sido debidamente impugnada, manteniéndose plenamente vigente el principio constitucional de presunción de inocencia. En tal sentido, todos los funcionarios públicos —y, de manera especial, quienes ejercen funciones en el sistema penitenciario— se encuentran obligados a respetar dicho principio, así como la dignidad y los demás derechos fundamentales de las personas privadas de libertad", enfatiza el letrado.
Finalmente, la denuncia da cuenta de que ese mismo domingo "en horas de la noche, se volvió a realizar una tercera requisa al interior del establecimiento penitenciario, nuevamente dispuesta sin una justificación funcional concreta y sin que concurriera situación alguna de urgencia, riesgo o excepcionalidad que la hiciera necesaria".