Caso Chinchero | Las claves de la investigación sobre la adenda

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima formalizó investigación preparatoria contra cinco funcionarios públicos, entre ellos la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli y cuatro privados ligados a la empresa Kuntur Wasi por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Esta investigación comprende los hechos ocurridos en la firma de la adenda Nº 1 al contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero-Cusco.

La etapa de investigación preparatoria durará ocho meses, en este plazo se realizarán una serie de diligencias entre las que se incluye la ampliación de la declaración de Molinelli. Para esto ha sido citada a la sede de la Fiscalía el 23 de setiembre a las 8:30 de la mañana.

En un documento al que tuvo acceso RPP Noticias, se señala que “si bien se abrió diligencias preliminares por colusión simple y negociación incompatible; es de verse que, tal y conforme han sido investigados los hechos; estos encuadran en el delito de colusión agravada por advertirse que se le ha generado perjuicio al Estado peruano”.

La primera etapa de la investigación preliminar en el 2017 estuvo a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Luego, en noviembre de 2018, el caso fue derivado a la fiscal Zoila Sueno Chirinos, quien continúa al frente de la investigación.

La historia de la adenda

La historia de concesión al aeropuerto de Chinchero es de larga data. En el 2011, se estableció que el proyecto iba a ser una obra de asociación pública-privada autosostenible. Al año siguiente, se cambió la modalidad a una asociación pública-privada cofinanciada.

En abril del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se otorgó la concesión para la construcción del aeropuerto al consorcio Kuntur Wasi, conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América. El consorcio ganó luego de que presentara una oferta de cofinanciamiento de US$264,7 millones.

Al llegar al Gobierno, la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, con Martín Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señaló que “era un mal contrato y lesivo para el Estado”. Las razones que manejan hasta ahora es que no establecía un plazo definitorio para que el concesionario presente un cierre financiero, ni se fijaba una tasa de interés máxima del endeudamiento. Por ello, impulsaron una adenda.

El Gobierno firmó el 3 de febrero de 2017 una adenda con la cual el Estado iba asumir directamente el costo de financiamiento de las obras de US$ 265 millones. Este hecho fue duramente criticado y cuestionado, originando que Vizcarra Cornejo sea interpelado en el Parlamento. Luego, renunció a su cargo.

El archivo de marzo de 2018

Poco antes de asumir la presidencia de la República, en marzo de 2018, el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional la investigación contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.

La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción había interpuesto una denuncia contra Vizcarra, en su actuación como ministro de Transportes y Comunicaciones, al emitir la Resolución Ministerial N° 041-2017-MTC/01 el 2 de febrero del 2017 mediante la que se aprobó el texto de la Adenda N° 1 y autorizó a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, a suscribir el documento.

También se indagaba a Vizcarra por suscribir la Resolución Ministerial que nombró a Alfredo Dammert Lira como miembro del Consejo Directivo de Ositran, quien votó a favor de la aprobación de la adenda.

Pablo Sánchez archivó la investigación ya que consideró que la suscripción de la resolución y la autorización a la entonces viceministra fueron "actos propios del Despacho Ministerial como parte del contexto de formular, ejecutar y supervisar la aplicación de las políticas nacionales".

Una nueva reevaluación

Este miércoles se informó que desde la Fiscalía de la Nación están reevaluando la situación del presidente Martín Vizcarra por su participación en la firma de la adenda.

Según informó El Comercio, la fiscal Zoila Sueno Chirinos remitió a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, un documento donde afirmaba que existen nuevos elementos probatorios que presuntamente vinculan a Vizcarra con un supuesto “acto colusorio”.

La magistrada sostuvo en su informe que, en un peritaje realizado a la laptop de José Balta del Río, gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., “se ha encontrado documentación que guardaría relación con la investigación por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, que fue llevada por la Fiscalía de la Nación contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Martín Alberto Vizcarra Cornejo, actual presidente de la República del Perú”.

El presidente Martín Vizcarra manifestó en una entrevista con Canal N que se allana a una posible nueva investigación. “Si quieren revisar, que [se] revise. No tenemos ningún problema. Es más, nosotros decimos que todo el mundo debe allanarse a las investigaciones. Pero que quede claro que no hay ningún sustento. Si lo investigan una segunda vez, una tercera vez o diez veces, van a llegar –tengo la plena seguridad– a la misma conclusión, que no hay mérito para abrir una investigación”, afirmó.

Los casos colaterales de Chinchero: Alfredo Thorne

En mayo de 2017, el dominical Panorama reveló un audio de una conversación entre el entonces ministro de Economía Alfredo Thorne y el entonces Contralor Edgar Alarcón, con fecha del 17 de mayo, días antes de la entrega del informe de la Contraloría sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero.

El motivo de la reunión fue discutir la transferencia de 13 millones de soles para la Contraloría. Según Edgar Alarcón, la partida presupuestal estaba supeditada al informe que iba a emitir su organismo sobre la adenda del aeropuerto.

El ministro de Economía negó las acusaciones en una sesión del Pleno del Congreso; sin embargo, las bancadas opositoras pidieron que renuncie a su cargo. Thorne solicitó una cuestión de confianza para continuar en el cargo. El Parlamento le denegó la confianza con 88 de votos de Fuerza Popular, Apra, Acción Popular, Frente Amplio y Alianza para el Progreso.

Más de un año después, en setiembre de 2018, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dispuso abrir investigación contra el exministro Thorne por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado por el caso de la adenda al contrato del aeropuerto.

En su defensa, el exministro de Economía negó que haya tratado de condicionar al excontralor de la República, Edgar Alarcón, para que emita un informe favorable a la adenda del terminal aéreo.