Desde el Ministerio Público se solicitó que las principales empresas de telefonía del país remitan el reporte histórico de las comunicaciones de los involucrados en el intento de golpe de Estado. La audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal será privada.
La Corte Suprema evaluará este miércoles 5 de julio el pedido fiscal para que se ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo y otras 13 personas por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.
En una audiencia virtual de carácter “privada” a realizarse desde las 11:30 de la mañana, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará el requerimiento realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos con la participación de los implicados y sus respectivos abogados para emitir una decisión al respecto.
Requerimiento fiscal
La instancia fiscal demandó que se levante el secreto de las comunicaciones del exmandatario Pedro Castillo, así como también de los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas, Roberto Sánchez, el exconsejero Aníbal Torres, el comandante general del Ejército, David Ojeda Parra, el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo y su antecesor en el cargo, Raúl Alfaro.
También el de los jefes policiales, Vicente Álvarez, Manuel Lozada, Eder Infanzón, así como los exfuncionarios de Palacio de Gobierno, Luis Alberto Mendieta Gavirondo, Fernando Aliaga Alejo y el exfuncionario Juan Navarro Pando.
Fiscalía requirió, en ese sentido, que se ordene a las principales empresas de telefonía en el país que remitan el reporte histórico de las comunicaciones de los involucrados dentro del periodo comprendido del 2 al 16 de diciembre de 2022.
Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley notificó dentro del plazo de ley a los involucrados sobre esa solicitud fiscal, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de estas personas para la realización de esta audiencia virtual reservada.
El expresidente Pedro Castillo y la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, cumplen 18 meses de prisión preventiva en penales de Lima, a raíz de este caso, mientras que los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y el exconsejero Aníbal Torres, afrontan esta investigación preparatoria bajo mandato de comparaciones con restricciones.
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