La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó el exlegislador Freddy Díaz para revocar dicha resolución por una presunta violación sexual en julio del 2022.
Judiciales
PJ confirmó ampliación por 9 meses el mandato de prisión preventiva contra Freddy Díaz
El Poder Judicial confirmó la resolución que ordena ampliar por nueve meses adicionales el plazo del mandato de prisión preventiva que se dictó contra el excongresista Freddy Díaz, luego de que una trabajadora de su despacho lo denunciara por presunta violación sexual, en julio de 2022.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó el exlegislador, a través de su defensa legal, para revocar dicha resolución que emitió la jueza Suprema Provisional, Victoria Montoya, en este caso.
El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín determinó que no se vulneró el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales tras tomar en cuenta los hechos atribuidos al exlegislador que le imprime una especial gravedad.
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La sala suprema remarcó además que la razonabilidad del plazo prolongado debe corresponder a los trabajos fiscales y judiciales que importan (pasados y futuros), por lo que deriva en la necesidad de prolongar la medida coercitiva en tanto que los presupuestos iniciales de dificultad de actuación no han variado e importará su actuación en el juzgamiento. En ese sentido, el tiempo adicional resulta razonable y proporcional.
Condena en penal de Lurigancho
El exlegislador Freddy Diaz se encuentra recluido desde febrero en el Penal de Lurigancho, donde cumple dicho mandato de prisión preventiva a raíz de este caso.
En 2022, el exparlamentario fue acusado por una trabajadora de su despacho de haberla ultrajado en las oficinas del Poder Legislativo en el jirón Azángaro, tras haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas.
Freddy Díaz fue suspendido por estos hechos y, después, desaforado e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública.
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