El fiscal a cargo de la investigación a Fuerza Popular por el caso Cócteles, expone ante el juez Richard Concepción Carhuancho el pedido que hizo como parte de la investigación preparatoria contra cinco abogados por presunta obstrucción a la justicia.
El fiscal José Domingo Pérez sustenta ante el juez Richard Concepción Carhuancho su pedido de comparecencia restringida para la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, contra quien formalizó una investigación preparatoria junto a otros cinco abogados por presuntamente obstruir a la justicia.
El representante del Ministerio Público, a cargo de la investigación al partido Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular- por el caso Cócteles, señaló al inicio de la audiencia que Loza Ávalos, mediante el uso de la amenaza, impidió que se preste el testimonio de los aportantes con el fin de perjudicar a las investigaciones que realiza su despacho.
Cabe precisar que en caso el juez Richard Concepción Carhuancho acepte la medida, Giulliana Loza no podrá comunicarse con los imputados y testigos del caso, así como los presuntos aportantes del partido de Fuerza Popular. Por este motivo, tendría que dejar las defensas de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanela.
Los otros abogados comprendidos en la investigación son Arsenio Oré Guardia, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro. Al igual que a Loza, se les investiga por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción a la justicia.
Al inicio de la audiencia -a solicitud de uno de los abogados de los imputados, se acordó que el fiscal José Domingo Pérez elaboraría un cronograma para establecer las fechas en la que se revisaría el pedido formulado contra el resto de los cinco abogados.
Los argumentos del fiscal
En sus argumentos, el fiscal Pérez señala que Silva Checa y Keiko Fujimori acordaron que el abogado Arsenio Oré Guardia "proveería de los abogados que debían cumplir con las decisiones acordadas para impedir el avance de las investigaciones".
"Esto es, amenazar a los testigos para que no declaren o declaren falsamente, y así obstaculizar que la fiscalía realice los actos de investigación respecto a los ciudadanos que aparecían como aportantes a las campañas electorales de los años 2011 y 2016", señala el fiscal en su documentación.
La tesis de la investigación del fiscal sostiene la existencia de "una organización criminal que busca impunidad en las investigaciones seguidas por lavado de activos". Para esto, se señala la voluntad de Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa de identificar abogados relacionados a Arsenio Oré Guardia "que han sido destinados para obstaculizar la acción de la justicia".
"Se imputa a Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa instigar a los abogados hacer, mediante el uso de la amenaza, que se impida u obstaculice que se preste un testimonio y se induzca a que se presente un falso testimonio. De igual modo, a los abogados (se les imputa) la conducta de haber, mediante el uso de la amenaza, impedido u obstaculizado se presente un testimonio y se haya inducido a que se presente un falso testimonio", detalla el fiscal.
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