Abogada de Keiko Fujimori acusa al fiscal de pretender "criminalizar el derecho de defensa"

La abogada Giuliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori, calificó como "un acto desmedido y desproporcional" el reciente allanamiento al estudio de abogados Oré Guardia, ubicado en San Borja, como parte de las investigaciones por los aportes al partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

"Me llama la atención que se pretenda criminalizar el derecho de defensa. Se pretende politizar y criminalizar el tema en cuanto a los abogados. Alzo mi voz de protesta porque se hacen argumentaciones en contra de mi persona y estamos asistiendo, una vez más, a una cadena constante de actos que son arbitrarios", señaló a RPP Noticias.

Loza señaló que es "absolutamente falso" que el fiscal José Domingo Pérez sostenga, en base a lo declarado por un testigo protegido, que ella y el abogado Edward García Navarro  contactaran al también abogado Fernando Carreras para que instruyan a los falsos aportantes a fin de que reconozcan esta contribución.

La abogada reconoció que recomendó a su colega Fernando Carreras para que asesore a testigos por el caso de falsos aportes a Fuerza Popular, aunque aseguró que no se buscó presionarlos para que mientan a la Fiscalía.

"Jorge Yoshiyama me preguntó si podía recomendarle a un abogado para que asesore en una diligencia al gerente de su empresa y yo le dije que no podía porque estaba litigando y le recomendé al doctor Fernando Carreras", relató.

"Hay campaña de desinformación"

El fiscal José Domingo Pérez declaró a la prensa sobre el allanamiento realizado esta mañana al estudio de abogados Oré Guardia y aclaró que sólo se verificó documentación contable, con lo que dejó claro que existe una campaña de desinformación y que se viene distorsionando el trabajo que realiza.

“Tengo que informar porque parece que hay una campaña de desorientación en cuanto a la función que estamos realizando en este momento, estamos verificando la documentación contable y administrativa. Vuelvo a reiterar, no estamos revisando documentación del ejercicio propio de la defensa de los abogados de este estudio”, dijo Pérez Gómez.

El fiscal subrayó que no se está revisando nada respecto al secreto profesional del estudio, mas si indicó que en la diligencia, donde se revisó información administrativa, se encontró documentación referida al investigado Vicente Silva Checa, que habría sido contratado por este estudio, de acuerdo con el registro de pagos que serían por 10,000 dólares, durante varios meses.

“Se han hallado recibos por honorarios, documentación contable, se hará las actas correspondientes [...] También se halló documentación de Fuerza Popular que contrata los servicios de este estudio, y este estudio termina contratando luego a Vicente Silva Checa”, dijo el fiscal a los medios de comunicación.