Silvana Castagnola, representada por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Los abogados de la trabajadora que acusó a Telefónica de Perú de no colaborar para entregar a la Fiscalía el registro de llamadas de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, denunciaron este martes a la empresa por presunto encubrimiento real y otros delitos en agravio del Estado.

La defensa legal de Silvana Castagnolarepresentada por los exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra llegaron en horas de la mañana de este martes al Ministerio Público para presentar la denuncia contra Telefónica del Perú.

Arbizu informó que en el Ministerio Público se ha abierto una investigación por el presunto delito de encubrimiento personal, contra la administración pública, coacción en agravio de Silvana Castagnola y otros que se puedan verificar más adelante.

Por su parte, Gamarra detalló que la empresa habría cometido los delitos contra la libertad personal, coacción y coacción laboral en agravio de Castagnola, así como "la presunta comisión del delito contra la administración pública, encubrimiento real y atentado contra la integridad de datos informáticos, en agravio del Estado".

"Nuestra patrocinada no ha dicho en ningún momento que se borraron las informaciones que aparecen digitalmente en la empresa Telefónica. Ella ha señalado que en el documento Excel que registraba información anterior a los tres años, le dijeron que borrara esa información. Hay que tener en claro que Telefónica tiene información más allá de los tres años que está obligado", señaló.

Arbizu señaló que han recibido la notificación de la apertura de una investigación preliminar sobre el caso en la Fiscalía, y apuntó también que un hecho similar vivió él entre el 2013 y 2014, cuando solicitó información en el marco de la investigación de los "narcoindultos".

"Telefónica también me negó información en el caso", apuntó el exprocurador anticorrupción, en relación al caso de los 400 indultos presidenciales dados durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011) a sentenciados por tráfico ilícito de drogas.

Castagnola, analista encargada del área de respuestas gubernamentales de Telefónica, denunció el domingo que la empresa española negó en abril de 2018 información sobre las llamadas de Fujimori entre 2009 y 2014, con el argumento de que no guardaba datos que superen los tres años de antigüedad, pero sin haber realizado la búsqueda respectiva.

Ante la denuncia, el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori por presuntamente haber lavado el dinero irregular que recibió de la empresa brasilera Odebrecht para su campaña presidencial del 2011, visitó el lunes una de las oficinas de la empresa.

Con información de EFE.

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