Presidente Manuel Merino anuncia su renuncia al cargo de preside
En un Mensaje a la Nación, Manuel Merino anuncia su renuncia a la Presidencia de la República. | Fuente: Prensa Palacio de Gobierno del Perú | Fotógrafo: Jhonel Rodriguez Robles

La justicia inició el camino en la búsqueda de los posibles responsables de las muertes de Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y de las agresiones a los manifestantes durante la Marcha Nacional. Los hechos podrían alcanzar a Manuel Merino, quien estuvo en el máximo cargo de la nación durante una semana marcada por protestas y crisis política.  

En RPP Noticias, Otto Guibovich, vocero de Acción Popular agrupación política a la que pertenece Manuel Merino, dijo: “He tratado de comunicarme. Sé que otros ya lo han hecho. Pero entiendo también su situación. hubo riesgo para su familia, rodearon su edificio, el estrés debe ser muy grande para él, sigue siendo congresista, sigues siendo parte importante de la bancada y esperamos que pronto pueda reincorporarse”.

Investigación del Ministerio Público

A través de un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos anunció el inicio de una investigación preliminar en contra de Manuel Merino.  En el último día de permanencia de Merino en el gobierno, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que las muertes de los jóvenes que participaron en la Marcha Nacional no quedarán impunes.

"Mi despacho ha dispuesto iniciar investigación preliminar contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad homicidio doloso en agravio de Inti Sotelo Camargo  y Jack Bryan Pintado Sánchez  así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar, delitos cometidos en el contexto de violación  de derechos humanos", señaló Zoraida Ávalos.

Investigación llegaría hasta el Congreso

Tras la investigación que realice Zoraida Ávalos tendrá que formular una denuncia constitucional ante el congreso pues Manuel Merino en su calidad de congresista y expresidente de la República goza de antejuicio político, que es una prerrogativa constitucional de índole procesal con el objetivo de emitir una acusación constitucional por parte del Parlamento para que se pueda procesar a altos funcionarios públicos por haber incurrido en delitos en ejercicio de su función.

Es así como el proceso del expresidente Manuel Merino pasaría por sus colegas parlamentarios si es que finalmente se presenta una denuncia constitucional para que pueda procesarse en el Poder Judicial.  

Desde la bancada de Alianza para el Progreso, el vocero César Combina, dijo que se evalúa presentar una denuncia constitucional contra el expresidente del Congreso Manuel Merino de Lama, por la actuación de la Policía Nacional durante las protestas contra su gobierno.

"Estamos evaluando presentar denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama ya que en Alianza para el Progreso no vamos a permitir que estos delitos queden impunes", dijo. Añadió que desde el Congreso se ha propuesto crear una comisión investigadora, además de un proceso en (Comisión de) Ética, los cuales Alianza Para el Progreso apoyará definitivamente.

Pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, tras la muerte de dos jóvenes y desapariciones reportadas en el Marcha Nacional | Fuente: Ministerio Público

Consultado para este informe, el abogado penalista Carlos Caro indicó que para que el Manuel Merino responda penalmente se requiere comprobar su participación por acción o por omisión. "Por acción ordenando que se use ese tipo de fuerzas  desproporcionadas, o la otra opción es que ellos sabiendo que la policía iba a hacer eso no lo evitaron, esas son las dos posibilidades para que ellos puedan responder penalmente", sostuvo. 

Respecto de la responsabilidad de los efectivos del orden, el abogado penalista dijo que "puede ser que hayan sido acciones individuales de los efectivos del orden, que ellos fuera de la línea de mando, contraviniendo las órdenes, hayan actuado y usado balas, perdigones al cuerpo, es una posibilidad que cabe. La otra es que los efectivos hayan hecho eso por orden de su Comando. La pregunta es, ¿solo fue orden del comando o viene del Ministerio del Interior? La otra pregunta sería: ¿Solo el policía ejecutó por órdenes del Comando, Interior, o también del Presidente?". 

El abogado señaló que la pena por homicidio sería hasta 35 años de prisión.

 

Marcha Nacional
Durante la Marcha Nacional por la crisis política hubo dos fallecidos y un gran número de heridos, algunos de gravedad. | Fuente: Agencia Andina

 

Denunciado por las organizaciones de derechos humanos

Las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentaron una denuncia penal en contra de Manuel Merino de Lama por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.

En la denuncia penal a la que RPP Noticias tuvo acceso, se asegura que las circunstancias de los hechos determinan que el "homicidio calificado o asesinato ha sido cometido con alevosía (...) los dos jóvenes asesinados estaban en la movilización ejerciendo su derecho constitucional a la protesta en la calle, sin ninguna forma de protección o resguardo frente al ataque armado o frente a disparos de armas que pueden tener consecuencias letales". 

Para las organizaciones de la Coordinadora de Derechos Humanos, el expresidente emitió órdenes superiores dirigidas al Comando Policial del Perú para que se desarrolle una estrategia operativa destinada a reprimir con extrema violencia a los manifestantes convocados para el sábado 14 de noviembre. "Así nuestro ordenamiento penal ampara la figura del llamado autor mediato, posición que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez tienen en los hechos denunciados", citan en la denuncia. 

Para las organizaciones existe responsabilidad directa en el ex Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien además también fue denunciado. "El desarrollo sostenido de una estrategia policial que de manera reiterada y durante varias horas va desarrollando un mismo procedimiento y utilizando las mismas armas solo se puede establecer dos elementos fundamentales: a)La existencia de una disposición u orden superior que proviene del ministerio del Interior y del comandante general de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de que se reprima todo tipo de manifestación que cuestione el nuevo gobierno encabezado por el congresista Manuel Merino de Lama y b) La existencia de un plan operativo elaborado por el comando policial el cual no solo comprendió como objetivo el impedir que los manifestantes lleguen al edificio del Congreso, sino también la utilización de medios violentos", se lee en la denuncia. 

La denuncia también alcanza al encargado de la dirección general de la Policía Nacional Perú, Jorge Lam,  al jefe de la Región Policial de Lima, Jorge Luis Cayas Medina, y “contra todos los que resulten responsables”.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, dijo que le corresponde al gobierno investigar qué es lo que exactamente pasó y quiénes fueron los responsables de las víctimas que se generó durante la Marcha Nacional. 

"El nuevo gobierno tiene que garantizar un derecho fundamental de cara al país, el derecho a la verdad, el Perú  tiene derecho a saber qué cosa es lo que pasó y por qué pasó esta situación. Qué nos llevó a que esos días de manifestaciones el sistema público de salud atendiera a más de 200 personas producto de contusiones y de impacto de diversos tipos de proyectiles sobre el cuerpo de los manifestantes" señaló Bracamonte. 

Para las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las muertes de  Inti Sotelo y Bryam Pintado tienen que ver con el ejercicio abusivo de los agentes del Estado.  "Los jóvenes muy conscientemente salieron a las calles indicando a sus familias que iban a protestar para defender al Perú, para defender la institucionalidad democrática y nos parece gravísimo porque hoy tenemos información consolidada sobre la actuación irregular al margen de la ley de los agentes del Estado  que detuvieron ilegalmente a los manifestantes" añadió Jorge Bracamonte.

 

La defensa legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, institución que también está incluida en las organizaciones denunciantes, dijo la denuncia fue motivada por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado y que además fueron incorporados los hechos sucedidos tras los reportes de heridos y desaparecidos. "Nosotros confiamos en la decisión del Ministerio Público, primero en abrir investigación de caracter preliminar y lo segundo lo es que haya una investigación que cumpla con la formalidad lo más eficaz en el sentido de determinar la comisión de los hechos, determinar las circunstancias en la que ocurrieron y la responsabildes de las autoridades políticas y policiales", dijo al ser consultado para este informe. 

Aclaró también que en el caso de los altos mandos de la policía, a pesar de estar denunciados ante el despacho de la Fiscal de la Nación,  les corresponde ser investigados por la tercera fiscalía provincial supranacional de Lima.