La exalcaldesa de Lima Susana Villarán es investigada por una presunta colusión agravada y negociación incompatible en el caso Vías Nuevas de Lima.
Judiciales
También se demandó similar medida para siete personas vinculadas al periodo municipal de Villarán de la Puente
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Vías Nuevas de Lima.
El pedido fue hecho por la fiscal María Milagros Salazar Paiva quien investiga a la exburgomaestre capitalina por el presunto delito de colusión agravada y alternativamente por negociación incompatible en agravio del Estado.
La magistrada, integrante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, también demandó similar medida para siete personas vinculadas al periodo municipal de Villarán de la Puente, así como también para otras 10 personas relacionadas a la gestión edil del fallecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, quienes son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y asociación ilícita.
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Audiencia se llevará a cabo el 24 de octubre
La fiscal Salazar Paiva presento este pedido ante el despacho del juez Raúl Justiniano quien programo para el martes, 24 de octubre, desde las 9.45 a.m. a una audiencia virtual para evaluar este requerimiento con la participación de las partes.
La fiscal dispuso que está investigación preparatoria se lleve a cabo dentro de un plazo de 36 meses, al haber sido declarada de naturaleza “compleja” por tratarse de una presunta organización criminal. El plazo se puede prorrogar por un periodo similar, previo requerimiento al Poder Judicial o también culminar mucho antes, siempre y cuando se cumpla con el objeto de la investigación.
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán afronta otro proceso penal por haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S. y Graña y Montero para financiar tanto la campaña por el NO a su revocatoria en el cargo en el 2013, así como para su campaña de reelección municipal en el 2014, por el cual el fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió que se le imponga 29 años de prisión.
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