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A través de un comunicado, la defensa legal de Benavides negó cualquier tipo de reunión de la exfiscal de la Nación con Patricia Chirinos, aunque reconoció haberse reunido con Martha Moyano.
Judiciales
La defensa de Patricia Benavides cuestionó que Delia Espinoza tenga competencias para investigarla
La defensa legal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides sostuvo que la fiscal suprema Delia Espinoza "no tiene competencia legal para tener a su cargo la investigación de altos funcionarios", tales como su patrocinada o congresistas de la República.
Así lo señaló en un comunicado emitido este viernes, en el que también negó que durante la gestión de Benavides Vargas se hubiera dado alguna "reunión irregular o fuera de los parámetros de relación interinstitucional entre el Ministerio Público, Congreso", y otras instituciones.
En esa línea, negó de manera específica que se hubiera dado alguna reunión con la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), aunque reconoció haberse reunido con Martha Moyano (Fuerza Popular).
"Es así que no ha tenido ninguna reunión presencial, virtual o indirecta con la congresista Patricia Chirinos, pero sí con la congresista Martha Moyano, en la que no se trató ningún asunto irregular o ilícito que escapen del marco de trabajo de representación congresal", indica el pronunciamiento.
Niega beneficios a congresistas
Por otro lado, el comunicado señaló que Patricia Benavides "no ha beneficiado directamente a ningún congresista de la república, ni en asuntos propios de la función jurisdiccional en el tratamiento de los casos fiscales ni en el ámbito de la gestión administrativa del Ministerio Público".
Como se recuerda, un reciente reportaje de El Comercio reveló que en la investigación que lleva a cabo Delia Espinoza contra Patricia Benavides, las pesquisas apuntan a que el fiscal Elmer Ríos viajó en noviembre del 2022 a Chiclayo, con recursos del Ministerio Público, para cumplir con una solicitud del congresista José María Balcázar sobre un caso en su contra seguido en dicha localidad.
Según consigna dicho medio, la fiscal Carmen Miranda Vidaurre, encargada del caso contra Balcázar, declaró que el 18 de noviembre de 2022, el fiscal Ríos se presentó en su oficina sin previo aviso y le preguntó por el caso contra Balcázar.
Al respecto, el comunicado de la defensa legal de Benavides indicó que esos hechos son falsos.
"El fiscal concurrió a una diligencia que cuenta con el soporte documental necesario para desvirtuar las afirmaciones que deben ser corroboradas", indica el documento.
Comunicado del Equipo de defensa legal de la Dra. Patricia Benavides. @Poder_Judicial_ @FiscaliaPeru @TC_Peru @Defensoria_Peru @congresoperu @JNJPeru pic.twitter.com/3rj3ffJAXC
— Jorge del Castillo (@JorgeDCG) March 15, 2024
Congresistas investigados denuncian a Delia Espinoza
Por otro lado, los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular) e Ilich López (no agrupado) presentaron este viernes una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La denuncia fue formulada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública, debido a que dicha fiscal suprema incluyó a 14 parlamentarios -entre ellos, los denunciantes- en la investigación que se sigue contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Además, los referidos legisladores solicitan que la magistrada Espinoza Valenzuela sea inhabilitada por diez años del ejercicio de la función pública.
Al respecto, el parlamentario Ilich López, en declaraciones para RPP, indicó que se presentó la denuncia porque "nadie en el Perú debe tener corona".
"Considero que en el Perú, la justicia debe administrarse adecuadamente. (Delia Espinoza) no es competente para que firme disposiciones; por tanto, sus acciones lo que van a hacer es generar nulidades y, particularmente, ensuciar un proceso, una investigación que debe ser rápida, célere, transparente, sin ningún tipo de cuestionamientos", sostuvo.
"Considero, por tanto, que nadie en el Perú (…) debe tener corona. Ni la presidenta de la república, ni Ilich López, ni la fiscal Delia Espinoza”, agregó.
Junto con mis colegas hemos presentado una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza, ya que según la ley solo el Fiscal de la Nación puede investigar a un aforado. Por ello la DC en su contra es por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de… https://t.co/4REHEPaW4O pic.twitter.com/CtDjMrLwaN
— Ilich López (@ilichlopez2023) March 15, 2024
La referida denuncia se fundamenta en que Delia Espinoza, el pasado 1 de marzo, dispuso "incorporar a la investigación preliminar" seguida contra Benavides Vargas "a 14 congresistas de la República", a quienes se les imputa "diversos delitos y se ha dispuesto la realización de una serie de diligencias como parte de la investigación".
En esa línea, los denunciantes señalan que, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, dicha fiscal suprema es una funcionaria "de segundo nivel, por debajo del fiscal de la Nación", y que solo a dicho funcionario le corresponde "realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en artículo 99 de la Constitución".
"Es decir, (el fiscal de la Nación) es el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República", resalta.
Cabe recordar que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 024-2024-MP-FN, de enero de este año, el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, dispuso que el despacho de Delia Espinoza "conozca, en adición a sus funciones, los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos que correspondan a la investigación seguida" contra Benavides Vargas.
No obstante, los congresistas denunciantes alegan que "se trata de una decisión de índole administrativa que vulnera el principio de legalidad, en la medida en que constituye el ejercicio de una atribución no conferida por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público o la Ley N° 27399".
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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