Pedro Castillo: Fiscalía reprograma citación al presidente para el 5 de septiembre

El presidente de la República, Pedro Castillo, deberá rendir el lunes 5 de septiembre a las 8:30 a. m. su declaración en las investigaciones preliminares que se le inició por los casos Petroperú y la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, según informaron fuentes de RPP.

En un oficio el fiscal supremo adjunto Marco Huamán precisó que se acepta por última vez (tercera ocasión) el pedido que hizo la defensa legal del jefe del Estado para que esta diligencia vuelva a ser reprogramada respecto a estos casos.

Pedro Castillo tendrá que responder ante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades detectadas en la licitación para la adquisición de barriles de Biodiesel B 100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

De igual forma, por la remoción de Mariano González como ministro del Interior, luego de que oficializar la creación del Equipo Especial de la Policía para apoyar a Fiscalía en la captura de los prófugos vinculados al Gobierno.

Piden 36 meses de impedimento de salida del país contra Lilia Paredes

Por otro lado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, y sus hermanos, Walter y David Paredes Navarro, así como el investigado empresario Hugo Espino.

El fiscal Hans Aguirre solicitó al Poder Judicial que ordene el Impedimento de salida del país por 36 meses contra Lilia Paredes, esposa del presidente de la República, Pedro Castillo.

El magistrado, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, también demandó similar medida en el caso de Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la esposa del jefe de Estado, así como para el empresario Hugo Espino Lucana, quien recientemente se acogió a la figura jurídica de la confesión sincera.

El fiscal Aguirre Huatuco hizo estos pedidos como parte de la investigación preparatoria que se les sigue a estas personas por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.