El expresidente Pedro Castillo afronta un pedido fiscal de 34 años de prisión tras ser acusado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo, acusado por el presunto delito de rebelión por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
En ese sentido, resolvió se mantenga vigente dicho mandato contra el exmandatario, quien viene cumpliendo esta medida en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate,
Cabe señalar que en julio último la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema amplió la medida coercitiva para Castillo Terrones por 18 meses, en el marco del mencionado proceso penal.
Sobre el exmandatario también pesa un mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso el 9 de marzo de 2023 en la investigación preparatoria que afronta junto a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado, a raíz de los casos acumulados Petroperú-Puente Tarata-Ministerio de Vivienda.
Solicitud fiscal
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y de la sociedad.
Además, pidió 25 años de cárcel para la exjefa del Gabinete Ministerial, Betsy Chávez, y los exministros Willy Huerta Oliva y Roberto Sánchez, así como también los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder infanzón Gómez al acusarlos como coautores del presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
La instancia fiscal además solicitó 15 años de prisión contra el exasesor y exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vásquez, como presunto coautor del delito de rebelión.
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