El fiscal de lavado de activos comentó que durante el allanamiento al estudio Oré Guardia se revisó documentación contable y administrativa respecto de la presunta obstrucción en el testimonio de aportantes a la campaña del fujimorismo en 2011.
El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, se pronunció este martes respecto del allanamiento a las oficinas del Estudio Oré Guardia, del abogado Arsenio Oré, como parte de las investigaciones que sigue la Fiscalía a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público comentó que realizaron el registro de dos inmuebles de ese estudio de abogados y buscaron información contable y administrativa respecto de una presunta manipulación del testimonio de los aportantes.
“(Se está registrando) documentación contable y administrativa de parte de este estudio (…) La investigación se está realizando en este extremo por el delito de obstrucción a la justicia. Hubo abogados que han sido puestos para que se manipule y tergiverse el testimonio de los aportantes (…) Se cuenta con la información de que esta conducta podría tener su lugar de operaciones en este estudio”.
Documentación revisada
El fiscal comentó también que se revisó si había documentación sobre los presuntos aportes que realizó la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Fuerza Popular en 2011. Agregó que en todo momento contaron con la colaboración de los responsables del estudio.
“Hubo la cooperación por parte de los responsables de este estudio, nos han permitido acceder a la documentación contable y administrativa y es lo que incumbe en este momento al Ministerio Público hacer el registro correspondiente. Además de determinar si hay documentación vinculada a algún tipo de recibo de aportaciones vouchers respecto a la campaña 2011, 2016 entonces vamos a cumplir con esta finalidad”.
No revisaron documentos de la defensa
Descartó también que se hubiera accedido a documentación de los procesos de ese estudio y que solo buscaron información sobre si se pagó a abogados para que obstruyan el proceso.
“No vamos a revisar los procesos del estudio que puedan llevar respecto a demás patrocinados o clientes que puedan tener. Nosotros no estamos metiendo en el ejercicio propio del abogado de la defensa sino que estamos revisando esa información para corroborar si se ha pagado a abogados que han servido para coaccionar la voluntad del testigo del imputado de la portátil”.
Comparte esta noticia