Chávarry es fiscal supremo desde febrero de 2011. Tanto la Fiscalía como el Congreso lo han investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, omisión de denuncia, encubrimiento real y encubrimiento personal. | Fuente: Andina

En el Mensaje a la Nación del último miércoles, el presidente Martín Vizcarra anunció que su Gobierno presentaría la cuestión de confianza ante el Congreso en defensa del paquete de proyectos para la reforma política del Estado. Pero, además, aclaró las situaciones que lo motivaron a invocar esta prerrogativa constitucional. Una, según precisó, es la coyuntura de aparentes blindajes a altos funcionarios. Entre ellos, se refirió al fiscal supremo, Pedro Chávarry, cuyas denuncias en su contra fueron archivadas por la Comisión Permanente del Congreso el pasado martes.

Por su carácter de alto funcionario, Chávarry goza de inmunidad y esta solo puede ser levantada si el Congreso lo aprueba. Así lo establece la Constitución Política en su artículo 99. En su caso, se había iniciado el procedimiento de denuncia en el fuero congresal por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal. El informe final -que sugería, además, su destitución e inhabilitación- había sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

No obstante, la Comisión Permanente rechazó el pedido por mayoría, impidiendo que pase al Pleno. Y así es como el caso del magistrado no podrá ser, de momento, sometido a debate plenario en el Congreso.

¿Recuerdas a Chávarry?

Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos es uno de los cinco magistrados que conforman la Junta de Fiscales Supremos. Como lo explicamos en un informe anterior, los fiscales supremos son las más altas autoridades del Ministerio Público, que es la entidad encargada de investigar delitos y acusar en sede judicial.

El 20 de julio de 2018, mediante resolución en el diario El Peruano, se convirtió en fiscal de la Nación, reemplazando en dicho cargo al magistrado Pablo Sánchez Velarde. Sin embargo, no permaneció en el puesto durante el periodo de tres años por el que había sido elegido. De hecho, su gestión solo duró cinco meses y medio: renunció a la FN el 7 de enero de este año, luego de que varias movilizaciones ciudadanas exigieran su salida y el Gobierno se pronunciara en contra de su permanencia.

La asunción de Chávarry a la Fiscalía de la Nación había sido cuestionada desde el inicio. Un día antes de que asumiera el despacho, el portal de investigación IDL-Reporteros reveló la cercanía que la flamante autoridad tenía con César Hinostroza Pariachi, el ex juez supremo que había fugado a España por su implicancia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao ya investigaba a ese presunto grupo criminal [dedicada a una serie de delitos de corrupción], cuyos supuestos miembros eran jueces supremos como Hinostroza, otros magistrados del Poder Judicial, varios consejeros del ahora extinto Consejo Nacional de la Magistratura, empresarios como Edwin Oviedo y Antonio Camayo, y altos fiscales como Chávarry.

Fiscal investigado

Entre el Congreso y el Ministerio Público, han corrido varias investigaciones contra Pedro Chávarry. La propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo denunció formalmente el pasado 15 de mayo por presuntos delitos contra la Administración Pública relacionados al ingreso ilegal a la oficina de uno de sus asesores, cuando el inmueble se encontraba lacrado y en investigación. Esta denuncia, en la que también se precisa que se extrajeron documentos, está en revisión dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Este mismo grupo de trabajo parlamentario había recomendado acusarlo por organización criminal y encubrimiento real. Esto, en relación directa con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, por su supuesta participación en la cadena de favores, influencias y demás actos de corrupción entre magistrados, consejeros del CNM y empresarios.

Esta semana, en una entrevista con el diario El Comercio, la fiscal contra el Crimen Organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, señaló que su despacho presentará nuevas pruebas que refuercen la implicancia de Chávarry en dicho caso.

Más de 30 años de carrera

Según información de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), Chávarry tiene el grado de abogado por la Universidad de San Martín de Porres desde diciembre de 1979. También es maestro en Derecho Penal y Doctor en Derecho; diplomas que obtuvo en marzo de 2012 y abril de 2015, respectivamente. Cursó ambas especialidades en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

De acuerdo con su Hoja de Vida Profesional publicada por el Ministerio Público, Chávarry inició su carrera en el Magisterio en 1980, al integrarse a la Secretaría del Octavo Tribunal Correccional de Lima. Posteriormente, fue juez de paz letrado en Chorrillos y juez instructor capitalino. Luego, le seguirían sus nombramientos dentro del Ministerio Público, que iniciaron con su ingreso a la Fiscalía Provincial Titular en lo Penal de Lima.

Para 1994, se convirtió en secretario general de la Fiscalía de la Nación, entonces liderada por Blanca Nélida Colán, quien sería condenada en 2003 por enriquecerse ilícitamente y encubrir y omitir denuncias contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. En noviembre de 2018, el diario Perú21 publicó que Chávarry llegó a ser denunciado por asociación ilícita en el 2004 debido a que, mientras era asesor de Colán, habría “neutralizado” los procesos de indagación contra Montesinos.

El 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura declaró su no ratificación y Chávarry no volvió a ser magistrado -ni fiscal ni judicial- hasta 2011, año en el que ingresó como fiscal supremo. Entre este periodo, trabajó como abogado particular y, según reveló el diario La República, entre sus clientes estuvo el traficante de armas James Stone Cohen. 

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