El juez Raul Justiniano decide si impone o no 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros dos investigados por el caso Fondo Mivivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.
La suerte de la empresaria Sada Goray y del periodista Mauricio Fernandini está en poder del juez Raúl Justiniano, quien da lectura a la resolución que determina si les impone o no 36 meses de prisión preventiva a raíz del caso "Fondo MiVivienda".
En audiencia pública, desde la sede del Poder Judicial, ubicada en la cuadra 7 de Prolongación Tacna, en el centro de Lima, el magistrado da a conocer su veredicto frente al requerimiento solicitado por el fiscal Freddy Niño Torres. El representante del Ministerio Público pide que se imponga tres años de prisión preventiva contra Goray Chong y Fernandini Arbulu, como parte de la investigación preparatoria que se les inició por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.
El Juez Justiniano Romero también debe decidir si acoge o no el pedido del fiscal Niño para que también se imponga 36 meses de prisión preventiva al exjefe del Fondo Mivivienda, Pedro Arroyo Marquina, y al ex Superintendente de Bienes Estatales, Roger Gaviria Johason, implicados en este caso.
La audiencia, que inició ayer, se retoma luego de que, pasado cinco horas, el magistrado decidiera suspender la lectura de resolución para este jueves a partir de las 3:30 p. m.
Investigación
El magistrado inició, el pasado martes 18 de julio, la evaluación de este requerimiento fiscal de prision preventiva contra estos cuatro investigados el cual culminó este lunes 31 de julio con el caso de Roger Gaviria Johanson.
En esta investigación preparatoria también está comprendido Luis Mesones Odar, ex pareja de Sada Goray, quien está en calidad de no habido por la justicia al pesar en su contra, tanto una orden de detención preliminar, como también un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva a raíz de este caso.
La investigación fiscal se inició luego que la empresaria Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público que pago en efectivo más de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Viivienda, Construcción y Saneamiento, para que su entonces empresa, MarKa Group, obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.
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