Rafael Vela se pronunció tras la orden de prisión preventiva dictada contra Kuczynski. | Fuente: Andina

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, admitió que la orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski puede ser "controvertida", pero subrayó que "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene" el ex jefe de Estado.

En una entrevista con el diario español El País, el fiscal superior señaló que, tras el anuncio del abogado del exmandatario, César Nakazaki, de apelar la decisión judicial, irán a una doble instancia, en la que "hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí". "Nosotros podemos ganar o perder", sostuvo.

Vela también señaló que, además de enmarcarse en investigaciones muy complejas, su labor se enfrenta al poder del dinero de los investigados, que pueden pagar abogados muy calificados. "Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos... Todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", dijo.

A eso se añade el clima político. "He contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".

"Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente", sintetizó.

De otro lado, se pronunció sobre los cuestionamientos que señalan una supuesta ineficiencia en la investigación a la exalcaldesa Susana Villarán. "Nos dicen siempre que somos selectivos y que no queremos tocarla, eso no es cierto. Probablemente sea el caso en el que más evidencia tenemos, porque tenemos información de las dos empresas brasileñas, OAS y Odebrecht, que contrataron con la Municipalidad de Lima durante su período y el del [siguiente] alcalde, Luis Castañeda".

Según explicó, cuando heredaron las investigaciones de Lava Jato, el caso de Villarán ya contaba con una decisión judicial de comparecencia con restricciones e impedimento de salida para ella y otras personas. "Recibimos una situación jurídica resuelta y para poderla variar, necesitamos nuevos presupuestos legales. Variar una medida de coerción es muy complicado".


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