La Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato dejó constancia ante el Poder Judicial de que se reserva su derecho de poder variar o incrementar el monto de reparación civil en el caso del Proyecto de Irrigación Olmos, vinculado a Odebrecht.
Judiciales
La magistrada adoptó esta medida al determinar que la solicitud cumplió los requisitos procesales exigidos
La Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato pidió al Poder Judicial que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski junto a un grupo de exministros de Estado y otros implicados paguen, de manera solidaria, la suma de 181 millones 843 mil 150.29 dólares como reparación civil a favor del estado a raíz del caso del Proyecto de Irrigación Olmos vinculado a Odebrecht.
La defensa legal de nuestro país presentó está propuesta inicial de reparación civil a favor del Estado peruano dentro de la solicitud que hizo para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria, la cual fue aceptada el último 22 de abril por la jueza Soledad Barrueto Guerrero.
La magistrada adoptó esta medida al determinar que la solicitud cumplió los requisitos procesales exigidos para su incorporación formal al presente proceso, quedando desestimadas las oposiciones planteadas y, por ende, reconocerle las facultades establecidas en la norma.
La decisión de la jueza Barrueto Guerrero habilita a la defensa legal de nuestro país a poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer a todos estos investigados de ser hallados responsables de los cargos que se les atribuyen.
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Procuraduría reservó el derecho de incrementar el monto
La Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato dejó constancia ante el Poder Judicial que se reserva su derecho de poder variar o incrementar el monto postulado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial en función a mayores elementos de convicción que acrediten mayores daños generados al estado peruano.
Por este caso también son investigados en la Fiscalía los expresidentes del Consejo de Ministros, Yehude Simon, René Cornejo; el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, así como un grupo de exautoridades de la Región Lambayeque y otros por las presuntas irregulares detectadas en el otorgamiento de la buena pro de la concesión Trasvase Olmos a la empresa constructora Norberto Odebrecht S. A.
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