Durante la audiencia, la jueza desestimó el pedido inicial de Fiscalía. | Fuente: Poder Judicial

El Poder Judicial declaró la noche de este domingo infundado el pedido de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, para quien el Ministerio Público solicitó 36 meses por el caso Odebrecht.

La medida fue dispuesta por la juez María de los Ángelez Álvarez, quien consideró que no existían las pruebas suficientes para acoger la medida del Ministerio Público y, en cambio, ordenó comparecencia con restricciones contra el expresidente del Consejo de Ministros.

La magistrada sostuvo que no existe peligro de fuga ni obstaculización en el proceso y que tampoco existen graves ni fundados elementos de convicción de pertenencia a una organización criminal. Además, sostuvo que su arraigo domiciliario, laboral y familiar está acreditado.

#VIVO LECTURA DE RESOLUCIÓN DE PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EX PRIMER MINISTRO YEHUDE SIMON MUNARO Y OTRO POR EL PRESUNTO DELITO DE COLUSIÓN

Publicado por Justicia TV - Poder Judicial del Perú en Domingo, 8 de marzo de 2020

Restricciones

Entre las restricciones contempladas por esa decisión, Simon no podrá tener contacto con testigos, coinvestigados, peritos y demás. También debe acudir mensualmente al órgano jurisdiccional para su control biométrico.

Tampoco podrá salir del país o de la localidad donde reside actualmente, salvo exista una autorización judicial previa solicitada con antelación. El líder del Partido Humanista deberá pagar una caución de S/30,000, la cual debe ser cancelar al término de los tres días hábiles.

Conformidad e investigación

La medida también comprende al exgerente regional del proyecto Olmos, Pablo Salazar Torres, para quien se dispuso una caución de S/10,000. Al respecto, su defensa declaró que estaban conformes con la medida.

En tanto, el representante del Ministerio Público anunció que apelarían a la decisión, mientras que la defensa técnica de Yehude Simon haría lo propio por la caución.

Tanto Simon como Salazar son investigados por el delito de colusión y lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para la adjudicación del proyecto Olmos en Lambayeque.

Andina

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