Experiencia internacional en la lucha contra la corrupción

Perú no es el primer país en el que la movilización popular aviva la lucha anticorrupción. En otros casos pueden constatarse esta y otras regularidades: financiamiento ilegal de los partidos y prebendas para sus líderes y funcionarios de gobierno, actuación protagónica de magistrados enfrentados a un sistema hostil, amplio respaldo popular y mediático, encumbramiento de los operadores de la justicia, liquidación de los partidos dominantes y emergencia de movimientos extrasistema.

Es conocida la actuación de los magistrados en Italia, liderados por el procurador Antonio Di Pietro, que entre 1992 y 1995 desarticularon las redes de corrupción que involucraban a los más importantes partidos políticos en ese país. Las figuras más relevantes de la vida pública italiana fueron sometidas a juicio y prisión. Bettino Craxi, líder del Partido Socialista italiano y Primer Ministro, debió marchar a Túnez para evadir a la justicia, donde murió en el 2000. Aquellos empeños solo fueron posibles por el amplio respaldo ciudadano a los jueces y fiscales de mani pulite (manos limpias), denominación con la que se recuerda aquel movimiento judicial y social. Di Pietro pasó de la judicatura a la política. Fundó un partido y fue dos veces ministro. A la liquidación de los partidos tradicionales, le sucedió la emergencia de Forza Italia, del acaudalado Silvio Berlusconi.

El caso Lava Jato en Brasil, ampliamente referido en nuestro país, ha supuesto también el rol protagónico del juez Sergio Moro y sus colaboradores. El expresidente Luis Inacio Lula da Silva fue encarcelado y con él ex ministros, parlamentarios, directivos de Petrobras y de Odebrecht. Al mismo tiempo el otrora todopoderoso Partido de los Trabajadores era vencido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, al grito de PT nunca más. Al igual que Di Pietro, Moro transitó de la judicatura a la política, asumiendo el Ministerio de Justicia en el nuevo gobierno, cuyas primeras acciones apuntan a la liquidación del modelo populista que lo antecedió.

Un caso menos conocido es el de Rumanía, donde figuras importantes han ido a la cárcel en los últimos años, imputadas por corrupción. El líder del partido gobernante, Liviu Dragnea, no puede ejercer función pública pues fue declarado culpable de fraude electoral en 2016 y es investigado por la apropiación de fondos europeos y fraude al estado. El gobierno de su partido, el Social Demócrata, ya intentó despenalizar ciertos casos de corrupción y afectar la independencia de jueces y fiscales, y en julio pasado logró echar de su cargo a la fiscal anticorrupción Laura Codruta Kovesi. La plaza de la Victoria en Bucarest albergó entonces a más de cien mil personas para respaldar a la magistrada. El desenlace en ese país de Europa del este no está aún definido, pero el patrón seguido no se aparta de los precedentes.

En el Perú parecen repetirse algunas de las fases enunciadas. Pero si bien la corrupción debe ser derrotada y sus protagonistas sancionados con severidad, debemos mantenernos vigilantes ante la amenaza siempre latente de actores autoritarios, de todo signo ideológico, contrarios al sistema democrático y ávidos de protagonismo. Los esfuerzos contra la corrupción, por el contrario, deben fortalecer nuestras instituciones y afianzar la estabilidad política y social, condición para el desarrollo.