La propuesta de reforma política de la Comisión Tuesta

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, designada por el presidente Vizcarra, ha entregado hace unos días el resultado de su trabajo. Parte de un diagnóstico enfocado en cuatro ejes de problemas: partidos políticos y movimientos regionales precarios; una política vulnerable ante la corrupción; una democracia con problemas de gobernabilidad y control político; y limitaciones a la participación ciudadana. Responde a estos con medidas específicas en una trilogía de sistemas vinculados entre sí: de gobierno, electoral y de partidos.

El trabajo de la Comisión es notable por su integralidad y consistencia. Ello no supone, sin embargo, que no haya aspectos que merezcan ser debatidos con amplitud. La mejor arquitectura institucional requiere sumar también a los aportes de clásicos y tratadistas, y al análisis comparado, empatía con el sentimiento ciudadano, además de viabilidad y consenso.

Así, es un acierto plantear partidos sobre la base de militantes y no de meros firmantes para su inscripción, pero parece un tanto rígida la exigencia, para conservar la inscripción, de obtener cinco representantes en una futura cámara de diputados. Partidos históricos y con sólido emplazamiento ideológico habrían quedado ya fuera del escenario político en el Perú. Siendo tan volátil el electorado peruano, tal vez la drasticidad de la medida podría justificarse ante la debacle sucesiva en dos procesos electorales.

Es también positiva la idea de sustentar las candidaturas presidenciales, parlamentarias y edilicias en elecciones primarias al interior de los partidos, así como la de paridad entre varones y mujeres en las listas en contienda. Restan, sin embargo, instrumentos para garantizar la pluralidad de las internas y para que no se traslade a ese escenario la dádiva, el clientelismo y la inversión publicitaria como factores decisivos para alcanzar la nominación partidaria.

Es consistente el propósito de reducir el número de escaños por jurisdicción a un máximo de cinco. En Lima, con 35 congresistas, ningún ciudadano sabe cuál de ellos lo representa. Esa situación rompe el necesario vínculo entre mandante y mandatario. Puede discutirse, sin embargo, la composición sugerida para el senado, combinación de representación departamental y nacional. Puede además, con abundante argumento, rechazarse su viabilidad en el corto plazo, dada la abrumadora votación en contra de su creación, producida en el referéndum de diciembre.

El financiamiento público de partidos y campañas electorales surge como un imperativo ante la evidencia de aportes ilegales. El condicionamiento de la inmunidad parlamentaria es un clamor que alcanza alturas celestiales. Es más discutible la eliminación de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral. Tendría más sentido regular la figura, presente en nuestro ordenamiento constitucional desde 1828, reservando su uso para situaciones flagrantes, que es como ha sido esgrimida en el Perú, en solo cuatro ocasiones en nuestra historia republicana.

Los elementos para el debate están a la vista. La cercanía del bicentenario nos invita a mirar críticamente nuestro sistema político y a replantear sus bases. La estabilidad de nuestra democracia y la credibilidad de sus instituciones son hoy condición indispensable para el progreso del país y el bienestar de sus ciudadanos.