En el artículo de la semana pasada habíamos señalado en base al trabajo de diversos expertos como Roberts, Bossie y Mason, que la mejor manera de salir de una crisis de esta magnitud era utilizando los planteamientos de la economía de guerra. La experiencia del “New Deal” del gobierno de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), lo demostraba claramente.
Como se recordará, el “New Deal” o “Nuevo Pacto” fue una apuesta de política económica cuyo principal objetivo fue revertir la Gran Depresión de 1929. Entre sus medidas más relevantes destacan un aumento en el gasto estatal generando un sinfín de obras públicas que dieron trabajo a cientos de miles de desempleados. De igual forma, se creó un el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones (Social security act), con la finalidad de reducir las terribles desigualdades sociales generadas por la Gran Depresión. También se reguló de manera estricta a los bancos y al sector financiero, para evitar nuevas burbujas que propiciaron el crack de 1929.
Entonces, ¿está el Estado peruano en condiciones de lanzar un “New Deal peruano”? Claramente la respuesta es no. Para lograrlo se necesita una enorme cantidad de reformas, sin embargo, quiero destacar tres, dada la gran crisis que se viene.
La primera reforma es conceptual, implica el tránsito de un gobierno tecnocrático a un gobierno por política pública (Luis Aguilar Villanueva) ¿Cómo se logra esto? Lo primero es sincerar la definición de pobreza. El Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) utiliza el concepto de pobreza monetaria, que mide básicamente los ingresos de las personas. Con el actual esquema la pobreza nacional es 20,5 % (INEI). Sin embargo, la COVID-19 ha desnudado sin anestesia que ese concepto ya es chato, autocomplaciente y totalmente alejado de la realidad. Es esencial transitar con urgencia a un concepto de pobreza desde la política pública, es decir orientado a la dignidad humana, multidimensional, que mida aspectos no monetarios, como necesidades básicas insatisfechas y bienestar. Mi hipótesis es que, bajo este nuevo esquema, la pobreza en el Perú es superior al 50 %.
La segunda reforma tiene que ver con el servicio civil. Servir identificó al menos 15 regímenes laborales en la administración pública peruana. Esta situación ha generado un enorme desorden, precariedad y caos en la gestión de los recursos del Estado, dado que cada régimen implica distintos derechos y deberes para las y los trabajadores públicos. Es prácticamente imposible tomar decisiones, implementarlas y evaluarlas si cada 11 meses se cambia un ministro en el Perú. A su vez es una aberración y una inmoralidad que tengamos médicos y enfermeras bajo el régimen de “terceros”, emitiendo recibos por honorarios, sin ningún tipo de protección social y seguro de vida. Urge contar con un servicio civil profesional en el Estado, de lo contrario no podremos enfrentar con éxito la crisis económica más grande del último siglo.
Finalmente, la tercera gran iniciativa es contar por primera vez con una verdadera política de seguridad alimentaria en el país. Para la FAO, la seguridad alimentaria se entiende cuando todas las personas tienen acceso permanente a alimentos “seguros, nutritivos y en cantidad suficiente”. La COVID-19 ha convertido el mercado internacional en un circo romano donde los países prácticamente se arranchan bienes de primera necesidad. En este contexto será cada vez más complicado importar alimentos. Rusia, una potencia mundial en cereales, ha anunciado que suspende todas sus exportaciones hasta julio. Es probable que otros países hagan lo mismo. Resulta crítico contar con una Política de Seguridad Alimentaria en el más breve plazo posible para poder enfrentar de la mejor manera la crisis provocada por la COVID-19.
Estos tres lineamientos, gobernar por políticas públicas, contar con un servicio civil profesional y una política de seguridad alimentaria, pueden convertirse en los pilares de una verdadera reforma del Estado, tan necesaria para enfrentar la crisis más grande de los últimos 100 años.
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