Existe un consenso prácticamente unánime de que estamos ante la peor crisis global desde la Gran Depresión de 1929. Los datos difundidos desde varias partes del mundo así lo confirman. CNN señala que en Estados Unidos las solicitudes de desempleo llegaron a 30 millones en apenas 6 semanas. La canciller alemana Ángela Merkel indicó que su país se enfrenta al mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, El PIB chino sufrió su primera contracción en 40 años, al caer 6.8 % en abril. En nuestro país Apoyo Consultoría habla de una caída “severa y duradera” de la actividad económica, de entre -8 y -12 %.
Sin embargo, hay un aspecto crucial de la crisis al cual no se le ha puesto la atención necesaria, la seguridad alimentaria. En una extensa entrevista con el diario británico The Guardian, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), David Beasley, encendió las alarmas al indicar que la COVID-19 provocará una "hambruna de proporciones bíblicas" si los Estados no toman medidas urgentes. Beasley indicó que alrededor de 265 millones de personas podrían verse afectadas por una hambruna generalizada, el doble que antes de la pandemia. De igual forma mencionó que el cierre de fronteras está provocando dificultades de abastecimiento, especialmente para los países más débiles. Otro aspecto a considerar es que actualmente en la arena internacional los Estados pelean sin cuartel por los bienes sanitarios, en un futuro próximo lo mismo podría suceder con los alimentos. Finalmente subrayó que su organización había advertido, basado en predicciones meteorológicas, que el 2020 sería el peor desde la Segunda Guerra Mundial, vale decir, se está armando la tormenta perfecta.
En el Perú, el 3 de mayo, la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO) y los 13 miembros productivos agrarios que la integran, enviaron una carta abierta al presidente de la República. En ella señalan que existe el riesgo de que la actual cosecha se pierda debido principalmente a que los productores no tienen dinero para “levantar las cosechas, seleccionar, envasar y despachar a mercados y ciudades”. En su misiva afirman que es urgente el apoyo por parte del gobierno para dotar de sostenimiento productivo y fitosanitario a los cultivos que se encuentran en pleno desarrollo. Hacen un llamado para asegurar las siembras programadas para la primera y segunda parte del año. Afirman que si el gobierno no toma con seriedad este asunto, se corre el riesgo del desabastecimiento de alimentos en grandes mercados y ciudades, lo que tendría consecuencias catastróficas para el devenir del país. De acuerdo con CONVEAGRO, en el Perú existen 2.2 millones de familias dedicadas a la pequeña agricultura familiar. Ellos producen el 70 % de la canasta agroalimentaria.
Desde el gobierno se señala que se han destinado 600 millones de soles al agro, aprobados vía DS 004-2020-MINAGRI. Sin embargo los gremios agrarios señalan que ese dinero no representa ningún fondo de emergencia en el contexto de la COVID-19, dado que fue aprobado en las mesas técnicas del año pasado, luego de las masivas protestas de mayo 2019.
Ante este panorama, es importante recordar que en escenarios de calamidad extrema (guerras, pandemias, desastres naturales), la primera prioridad de los gobiernos debe ser garantizar el bienestar mínimo de la población, básicamente la alimentación. En este sentido, es fundamental construir e implementar en el más breve plazo posible la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, con la finalidad de asegurar acceso permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente.
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