Siete propuestas para alejarnos del abismo

La caída de Pedro Castillo, luego de una fallida intentona de autogolpe, abrió una Caja de Pandora, que al momento de escribir estas líneas seguía fuera de control. El gobierno, descolocado y carente de reflejos, solamente atinó a aplicar la fuerza, con un saldo trágico de ocho fallecidos, cientos de heridos e innumerables daños a la propiedad pública y privada. Ante este escenario, el que suscribe propone siete iniciativas para encauzar el diálogo y reducir la temperatura social.

Lo primero que se necesita es otro tipo de liderazgo político. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, no ha tenido una actuación acorde con las circunstancias. Sus declaraciones iniciales calificando a los ciudadanos de “azuzadores profesionales”, solamente contribuyeron con atizar el fuego. Es inexorable que la presidenta Dina Boluarte designe un PCM con mucha más capacidad negociadora y de convocatoria, que entienda el momento político que vivimos.

Lo segundo tiene que ver con la urgencia de comenzar a negociar más y reprimir menos. Sobre este punto es importante señalar que la clase política en su totalidad está sumamente desprestigiada ¿Qué hacer? Mi colega Salvador Herencia sugiere convocar misiones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de facilitar el diálogo. La Iglesia y hasta un emisario del Papa podrían contribuir en este sentido. En relación con este contexto, los puentes que se tiendan con las autoridades subnacionales son fundamentales. No se deben escatimar esfuerzos para salvaguardar la vida y la integridad de los más vulnerables.

La tercera propuesta se vincula con neutralizar de alguna manera la toxicidad del Congreso. Los miembros del Grupo Valentín han sugerido la renovación de la mesa directiva. Considero que es un paso importante, pero me temo insuficiente. El repudio que tiene el ciudadano de a pie con su Congreso es el mayor de América Latina. Ante esta situación, se podría convocar a un grupo de constitucionalistas que vean si es factible implementar una fórmula jurídica que permita “autodisolver” al Congreso.

Lo cuarto se refiere al adelanto de las elecciones. Es clave que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, flanqueado por los titulares del JNE y la ONPE, expliquen y hagan docencia en cadena nacional sobre los plazos que se requieren y cuál es la fecha más inmediata para llevar a cabo los comicios.

La quinta cuestión es la impostergable reforma del sistema político. Sobre esta dimensión es relevante recalcar que, si las reformas salen del Congreso, serán vistas con suspicacia y desconfianza por parte de la ciudadanía. Es necesario convocar a un grupo de expertos independientes que, siguiendo la metodología chilena, propongan una serie de iniciativas para prácticamente refundar el sistema de representación política del país.

El sexto aspecto también resulta crítico, la asamblea constituyente (AC). Considero que es insoslayable que en las próximas elecciones se incluya una pregunta, tipo referéndum, donde se le consulte a la ciudadanía si está o no está de acuerdo con la AC, y que el soberano dirima de manera pacífica y en democracia.

Finalmente, la propuesta siete hace referencia a una agenda de transición, es decir el gobierno de Boluarte comunica a la ciudadanía cuáles serán los problemas que su administración abordará de manera urgente. A mí entender deben ser tres: inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

A manera de conclusión, la caída de Castillo generó una reacción de la ciudadanía que fue agravada por el accionar de la clase política en su conjunto. Considero que estos siete puntos podrían contribuir con la estabilidad política, pero es necesario implementarlos de manera inmediata.