Desde Quito: ¿Se perfilan respuestas regionales a la migración venezolana?

La migración venezolana ha cambiado la configuración de los flujos migratorios en la región. Países tradicionalmente considerados de origen, como son Perú y Colombia, empezaron desde el 2016 [y con mayor rapidez entre 2017 y 2018], a recibir migrantes provenientes de Venezuela. Ello ha llevado los países de la región a buscar algún tipo de respuesta regional, no desde los mecanismos de integración existentes como Mercosur y CAN, sino desde espacios ad hoc creados a raíz de la situación en Venezuela.

Es así que se crearon distintos espacios intergubernamentales dedicados a la temática tales como el Grupo de Lima y el Proceso de Quito. Este último liderado por Ecuador reúne a  Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Las dos primeras reuniones del Proceso de Quito celebradas en el 2018 abordaron el tema de migración de manera mucho más proactiva que en el caso del Grupo de Lima.

En la última reunión celebrada esta semana, los Estados, además de felicitarse por los esfuerzos realizados para acoger a la población, en especial a los niños, niñas y adolescentes, plantean y sobre todo dejan de plantear algunos temas importantes de analizar. Primero, se celebra que los Estados hayan encontrado vías de regularización migratoria. Aquí hubiera sido interesante señalar que en el caso de Perú -recordemos que es el segundo país receptor- no existe, a pesar de algunas declaraciones de Migraciones, claridad en el devenir de la población venezolana llegada después del último plazo del Permiso Temporal de Permanencia.

Segundo, los Estados hacen un llamado a contar con propuestas para la “validación técnica de los documentos de identidad y/o viaje de ciudadanos venezolanos”. El mensaje aquí difiere de lo planteado en la reunión anterior, donde se recomendaba aceptar los documentos vencidos de la población teniendo en cuenta los retos que enfrentaban (y siguen enfrentando) para contar con la documentación necesaria al ingreso a un Estado de la región. La preocupación de seguridad parece haber ganado sobre el derecho a la libre circulación y, ello va de la mano con los últimos acontecimientos relacionados con la obligatoriedad del pasaporte para el ingreso a varios países de la región. Tercero, no surge ninguna propuesta concreta de respuesta regional al flujo solamente un llamado a recursos y asistencia técnica.

Esta última reunión deja en claro que este proceso es de índole político y que poco tiene que ver con obligaciones de derechos humanos hacia las personas migrantes. Esperamos que para la siguiente reunión (prevista en Buenos Aires en el mes de julio) pueda incluirse temas tan cruciales como la protección de personas refugiadas venezolanas mediante el fortalecimiento de las respuestas de los sistemas de asilo.