La semana pasada, el megaoperativo contra la minería ilegal “Mercurio” se llevó a cabo en La Pampa, Madre de Dios. Durante la intervención de desmantelamiento de los campamentos mineros las fuerzas armadas rescataron a 44 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de explotación. La Pampa, ya era conocida, por ser un lugar de explotación tanto sexual como laboral. Ahora bien, ¿qué sigue luego del operativo?
El Estado peruano en su Plan Nacional contra la Trata de Personas en 2017 identificó una serie de retos vinculados con la protección y atención de las víctimas. Uno de ellos está relacionado con las condiciones para garantizar la seguridad y protección de las personas al momento del rescate. Como podemos imaginar, un rescate sin transporte para llevar a las personas explotadas, sin un espacio de contención para las víctimas o sin un albergue transitorio que pueda recibir a las víctimas de manera inmediata, no puede considerarse como un rescate integral. De acuerdo al plan mencionado, para el 2018 debería existir 5 “ambientes de protección transitoria debidamente equipadas para atender las necesidades básicas de salud, alimentación y otras”. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información sobre su implementación.
Otro tema importante es analizar qué pasará luego del rescate y cómo se garantizará la reintegración de la víctima. Nuevamente, esta preocupación está claramente identificado en el Plan, el cual establece que, para el 2018 el 60% de las víctimas atendidas cuentan con planes individuales de integración y reintegración implementados. Estos planes, desde un enfoque de derechos, buscan garantizar que, de manera integral, la víctima pueda retomar, si es que lo hubiera tenido antes, o empezar un proyecto de vida. No obstante, hasta la fecha no se adopta la Guía para la elaboración de estos planes individuales y tampoco se conoce el número de víctimas reintegradas.
Luego del rescate, quedan entonces pocas opciones para las víctimas. Su primera opción es retornar al lugar de origen, en el cual las causas que han llevado a la situación de explotación, tales como la pobreza y la violencia estructural, persisten. Otra opción es un retorno al lugar de explotación, que en el caso de La Pampa pareciera ser imposible. Sin embargo, los lugares de explotación no son los que hacen falta: en 2017 solamente en Lima se reportaban más de 400 denuncias por trata de personas. Es necesario entonces recordar que la prioridad, como bien lo plantea el Plan mencionado, es ofrecer a la víctima la posibilidad de un futuro distinto.
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