Resulta paradójico que el interés y la demanda para que el gobierno le dé luz verde al sector privado de participar en la compra y venta o distribución de las vacunas vio un claro crecimiento durante las mismas semanas en las que mostrábamos nuestra indignación colectiva por el caso de #vacunagate. La salida de la Mazzetti dio paso a un nuevo ministro que ha dado un sinfín de vueltas en sus declaraciones sobre el tema. Ugarte no ha dejado nunca nada en claro y como consecuencia estamos aún debatiendo si el gobierno de Sagasti dejará o no que los privados se salten la cola. Digo, algunos privados.
Y en el proceso se ha sentido empoderado, sin descaro, más de un candidato que lo demanda y promete a viva voz. Hace solo unas semanas todavía se sentía un tema tabú.
Hoy incluso los acompañan los líderes de algunos de los principales gremios – los oficiales (como Eduardo Morón en la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y María Isabel León de la CONFIEP) y los de facto (como Roque Benavides).
(La ironía, a mi modo de verlo, que estos son los mismos que ridiculizan y se escandalizan por la propuesta de reforma constitucional de la izquierda. Pero lo que plantean al promover la comercialización de un bien esencial como las vacunas contra la COVID-19, es un cambio fundamental del contrato social; en efecto, una nueva constitución. No son tan distintos como se creen.)
Lo de las vacunas privadas es un claro ejemplo de la pobreza del debate de políticas públicas peruano. Debatimos en cruzado; sin atender los argumentos del otro.
Primero, nadie ha dicho que se va a vacunar a los pobres primero – todo lo contrario, se va a vacunar sin tomar en cuenta el nivel de pobreza o riqueza de las personas. Entonces, acusar a Sagasti de comunista (y demás) no tiene sentido.
Segundo, nadie ha dicho que el sector privado, con o sin fines de lucro, no puede participar en la distribución de las vacunas – seguramente el gobierno va a tener que contratar a privados para que transporten vacunas y/o personal, equipos, etc. Además, en su momento, cuando se empiece a vacunar al grueso de la población más joven, se podría recurrir a clínicas privadas u otros proveedores de salud para que apoyen la vacunación. ONGs como Cáritas, Médicos sin Fronteras y hasta la Iglesia tienen la capacidad y el acceso que pueden ser de utilidad. Pero siempre asegurándonos que los vacunados no tengamos que pagar ni un sol por el servicio y que se cumpla con el cronograma.
Tercero, lo que se ha repetido sin parar, es que mientras las vacunas sean un bien escaso (en todo el mundo), no se puede permitir que los privados compitan con los estados. Ni lo puede permitir el Estado peruano ni lo van a permitir los estados que aún están esperando sus lotes.
Pero, como estamos en el Perú, no dudaría que el discurso público es distinto al privado y que a puerta cerrada el gobierno negocia una forma para que el sector privado se salga con la suya – y deje de molestar.
Me pregunto yo, también, qué pasaría si esto sucediese. ¿Saldremos a las calles a protestar o nos pondremos en cola a ver si nos cae una vacunita privada? Hace unos meses pensaba que, si los ricos se saltaban la cola, el Perú ardía. Seria la gota que derramó el vaso. Ya no sé.
Es momento que el gobierno necesita aclarar su plan y posición al respecto, de una vez. Zanjar el tema hasta el 29 de Julio, por lo menos.
Pienso que el Presidente Sagasti debiera llamar al embajador ruso y llamarle la atención por tirar leña al fuego diciendo que ellos están dispuestos a negociar con privados, si el gobierno central los deja. Esto va en contra de la política del gobierno peruano y no hace nada más que complicar su posición. Es una clara intromisión en las políticas nacionales.
Digo que resulta paradójico, pero no lo es, en realidad. Lo que pasa es que las acusaciones de corrupción de Vizcarra y su gobierno se han convertido en un chivo expiatorio para quienes querían justificar su deseo por saltarse la cola. La narrativa ya estaba preparada: el gobierno nos quiere matar; solamente el sector privado puede salvarnos.
Lo del Trump peruano López Aliaga es particularmente importante. Está plantando y construyendo la narrativa de un gobierno y presidente que “incita una lucha de clases”. Y los medios le dan cabida. Esto nada tiene que ver con las vacunas. Esto tiene que ver con el rol del Estado, que la derecha considera demasiado y la izquierda insuficiente.
No importa en este debate, claro, que en el 2006 el Estado peruano vacunó a 20 millones de personas entre 3 y 39 años. Y no importa porque ya nadie cree que el Estado peruano es capaz de nada.
Este año de pandemia ha sido un regalo para quienes quieren destruir lo poco que queda del Estado peruano. El crecimiento de López Aliaga en las encuestas, el interés por De Soto y sus ideas de hace 40 años (descartadas en todo el mundo -excepto en un puñado de dictaduras), la permanencia de Forsyth y hasta el retorno de Keiko, demuestran un sentir similar.
Y no solo de los ricos. La clase media alta y hasta parte de la clase media, se sienten, hace mucho, tiempo desconectados del Estado: “pagamos impuestos, pero no recibimos nada a cambio”. Lamentablemente, para muchos pobres la experiencia es similar. El Estado los ha abandonado hace mucho tiempo. No son pocos los peruanos que viven en pobreza extrema quienes aún esperan bonos. Olvidados. Los servicios que reciben son escasos y de mala calidad. Hemos dejado a su suerte a millones de peruanos en la informalidad – y precariedad laboral. ¡Las comunidades rurales prefieren reclamarle a la mina que al gobierno!
Entonces se ha cumplido el sueño de los libertarios de la derecha bruta achorada.
Hace un año salíamos a aplaudir a los trabajadores esenciales. Hoy nos amargamos y hacemos pataleta porque nos obligan a esperar nuestro turno como al resto. El Perú, hoy, es un lugar más hostil y menos solidario de lo que era hace un año. La pandemia nos ha desnudado como nada ha podido en nuestra historia.
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