La base moral de la reforma política

La reforma política, en general, tiene como objeto modificar las reglas legales para el ejercicio de ciertos poderes en el Estado. Pero a diferencia de otras reformas que tuvieron como trasfondo la violencia de la década 1980, el espaldarazo popular ofrecido a esta reforma política se sostiene en pretensiones morales, frente a las cuales una gran porción de la ciudadanía estaría dispuesta incluso a asumir alguna responsabilidad. Por ello, hay quienes expresan un comprensible temor frente a la posibilidad de que la reforma se pervierta en dictadura. Más allá de lo razonable o no de los comentarios que acusan a la reforma política de establecer un gobierno unidireccional, el recelo es muestra de compromiso con principios que trascienden nombres de personas como Salvador del Solar o Martín Vizcarra.

De otro lado, ante la afirmación de que la reforma política tiene razones morales subyacentes, algunos ciudadanos pueden contrargumentar que las acciones de los congresistas (ya sea los de la Comisión Permanente, ya los de la Comisión de Constitución) son acciones políticas propias de su función de gobierno. Pero también se puede decir lo mismo de las acciones del Ejecutivo y del respaldo ciudadano: se trata de acciones políticas. Y, por supuesto, las acciones no están exentas de evaluación. La razón propone un criterio esencial, aunque quizás no sea el único, que las motivaciones y las consecuencias posteriores del uso de la libertad que hacen nuestros representantes sean razonablemente justas, decididamente fundadas en principios universales que sostengan nuestra igualdad jurídica, y con la fuerza necesaria para castigar a aquellos que atenten contra nuestra constitución social. Es posible que la ciudadanía en general no comparta el mismo criterio de justicia o los mismos principios morales, y a pesar de ello puede reconocer ciertos acontecimientos como injustos.

Sin importar si se está de acuerdo o no con la reforma política, seguramente nadie estaría de acuerdo con lo acontecido en la “salita del SIN”, ni siquiera aquellos que votaron por el entonces presidente, hoy preso, Alberto Fujimori. Del mismo modo ocurre con los llamados “audios de la vergüenza” en que se evidenció la bajeza moral de los miembros del CNM. Finalmente, nadie puede estar de acuerdo con los intentos de algunos congresistas por detener las reformas políticas que permitan llevar a juicio a todos los implicados en delitos.

Toda propuesta legal es perfectible porque las circunstancias históricas en que emergen cambian. Pero la base moral de la reforma política actual, que le viene otorgada desde la ciudadanía, busca precisamente que las reglas del gobierno respondan a las pretensiones particulares de justicia. Aunque puede que positivamente no exista el acuerdo sobre la definición de este concepto, desde la experiencia particular ciudadana sí existe claridad en qué tipos de acciones no son justas. Esta base es suficiente, pues, para continuar con el apoyo a la reforma aun cuando pueda causarnos temor lo que acontecerá después de ella.