La política como participación en lo público

En el nacimiento de la filosofía política, Aristóteles habla de la idiosincrasia ateniense acerca de la política. El filósofo filtra lo que es transversal a los estratos ideológicos más ilustrados y a los estratos más alejados de la ilustración, allí donde las ideas se divulgan y se vulgarizan. Aristóteles distingue dos tipos de actitudes frente a la política. Hay una actitud desmitificadora que expresa una reacción crítica contra la actitud mitificadora más temprana y arcaica. Los viejos ídolos se desmoronan: el poder no emana de la divinidad, sino de la colaboración de los esfuerzos que despliegan los seres humanos para hacer la vida vivible y el mundo habitable. Hay un cambio profundo y radical en el modo de concebir la política.

La desacralización progresiva del poder fundado en lo divino dio paso a concepciones más seculares del poder y de la política. Estas nuevas concepciones demandaban profundización y perfeccionamiento teórico-práctico. Los filósofos modernos hicieron suya la cuestión y se dedicaron a estudiar cómo se participa de lo público y a idear medios para la toma de decisiones. Más tarde todas esas reflexiones se tradujeron en fortalecimiento de la ciudadanía, acceso a la información pública y transparencia.

¿Qué es lo público? Lo público es lo común a todos los ciudadanos: los asuntos que involucran a todos porque comprometen a la convivencia democrática. Así, el surgimiento de lo público está vinculado al nacimiento de la democracia y a la consolidación del Estado moderno. En el Estado premoderno no hay equilibrio de poderes porque todo el poder recae en la voluntad del monarca. Los regímenes totalitarios y antidemocráticos suelen calcar ese esquema, aunque las bases de la democracia en el mundo moderno han demostrado ser sólidas hasta ahora, a pesar de los embates de la antipolítica y la pseudopolítica, al menos en el Perú. Todos participamos de lo público.

Lo público es el presupuesto, las normas y las instituciones del Estado de derecho. Empero, para la corrupción, lo público es feudalizable. La corrupción es antidemocrática. La corrupción sabe que la feudalización vulnera el Estado de derecho. Por su parte, el Estado de derecho tiene sus propios mecanismos para enfrentar la corrupción y ponerle un límite justo a tiempo a los evasores. La ley rige por igual para todos, ya no pueden evadir por más tiempo la justicia. Solo cuando cesa la vulneración por el límite que impone la vigencia de los principios democráticos, solo entonces es posible comprender ese límite como el inicio de la reintegración del Estado de derecho a través de la justicia. La justicia restablece el orden de los principios democráticos que fundamentan la Constitución: hay autonomía, hay separación de poderes y hay ciudadanía activa.