Narcotráfico y seguridad nacional

El 7 de diciembre último, la Marina peruana capturó un submarino que cargaba aproximadamente dos toneladas de cocaína, cuyo valor en el mercado de destino alcanzaría los 100 millones de dólares. La embarcación fue aprehendida a 178 millas náuticas (330 kilómetros) de la ciudad de Talara. Nunca antes se había avistado dentro de la jurisdicción del Perú a un narcosubmarino, pero su uso se ha vuelto frecuente en las operaciones de narcotráfico internacional. Escasamente dos semanas antes, una nave similar cargando tres toneladas de drogas -también proveniente de Colombia- fue capturada en las costas de España.

Agreguemos a ello la mayor confiscación de cocaína en la historia de los Estados Unidos: en junio pasado, las autoridades aduaneras de ese país incautaron 20 toneladas de cocaína a bordo del barco mercante MSC Gayane, proveniente de Chile y en tránsito hacia Europa. De acuerdo con las investigaciones en curso, la droga fue subida a bordo en altamar, dentro del espacio marítimo peruano, desde embarcaciones menores, lo cual hace presumir que la cocaína fue producida en nuestro país.

Y, no dejemos de anotar que, según las autoridades de Brasil, las incautaciones de cocaína en puertos de ese país han aumentado 50% en los primeros diez meses de 2019, en comparación al año anterior.

Los hechos antes descritos confirman que se está produciendo un cambio en la modalidad operativa del narcotráfico proveniente de Sudamérica, priorizando ahora su transporte por medios marítimos, pues ello posibilita la ilíicta exportación de mayores volúmenes de drogas. Se estima que alrededor de la tercera parte de la cocaína proveniente de Sudamérica se transporta ilícitamente en barcos mercantes.

Pues bien, es necesario subrayar que las implicancias del narcotráfico exceden los linderos criminales, ya que constituye una grave amenaza a la seguridad nacional. Esto es algo harto conocido, dada la magnitud de sus operaciones ilícitas, sus perversos efectos de erosión de la institucionalidad, su proclividad corruptora, su apetito de violencia, su dominio fáctico sobre porciones del territorio nacional, su propensión catalizadora de variadas otras actividades criminales y de propagación de la informalidad, su creciente amenza sobre la seguridad ciudadana, etcétera.

Para tratar de comprender las implicancias del narcotráfico en su real dimensión es útil apelar a la caracterización de Narcopoder, denominación visionariamente acuñada por el politólogo Manuel Bernales Alvarado hace ya cuatro décadas: el narcotráfico, para sobrevivir, requiere forjar estructuras de poder paralelas, competitivas y opuestas a las del Estado. De modo que la opción es clara: si queremos forjar un país guiado por los paradigmas de la democracia, del Estado de derecho y de la economía de mercado, tenemos que erradicar el narcotráfico. Nos estamos engañando si creemos que existe alguna fórmula viable de convivencia entre nuestro Estado y el Narcopoder.   

A la luz de las evidencias recientes, la caracterización del narcotráfico como una severa amenaza a la seguridad nacional viene adquiriendo aún mayor gravedad. Los narcosubmarinos vulneran la soberanía territorial del Perú no solamente para exportar cocaína, sino que también sirven como vehículo para traer masivamente de contrabando armas a nuestro país, y para el ingreso ilegal de peligrosos criminales. La captura de diversas instancias fundamentales del Estado por intereses vinculados al narcotráfico ha adquirido una dimensión que pone en peligro la sostenibilidad de nuestra institucionalidad democrática, como podemos atestiguarlo todos los peruanos. En lo económico, el narcotráfico tiene efectos nefastos, tales como el masivo ingreso de dinero ilegal, y la depresión del tipo de cambio que resta competitividad a las exportaciones legales. En lo social y político, el narcotráfico promueve la violencia y la conflictividad, y para subsistir requiere erosionar la eficacia en la acción del Estado.

Es hora, pues, de replantear la gravitación del narcotráfico como amenaza a la Seguridad Nacional, para asignarle una prioridad mayúscula. Resultó incomprensible ya en 2006, cuando se publicó el primer y único Libro Blanco de la Defensa Nacional, la poca significación que en ese documento se le asignó al narcotráfico. Desde entonces, la situación solamente ha empeorado, como lo evidencian el gran aumento en la superficie cultivada de coca y en los volúmenes estimados de producción de cocaína, y el creciente protagonismo que vienen adquiriendo los intereses del narcotráfico en diversas esferas de la vida nacional.

Las respuestas desde el Estado frente al flagelo del narcotráfico siguen siendo, desde siempre, ineficaces e insuficientes. Su conceptualización como amenaza a la Seguridad Nacional soslaya -como venimos sosteniendo- la gravedad de este riesgo, lo cual se refleja también en el perfil organizacional y operativo de las Fuerzas Armadas. Es urgente reforzar la labor de estas en la lucha contra el narcotráfico a partir de reconocerlo como la mayor amenaza actual para la Seguridad Nacional; y, sobre esa base, dotar a nuestras instituciones castrenses de mayores recursos, y de mejores instrumentos de gestión para evaluar la eficacia de su actuación ante esta mayúscula amenaza.

De modo más general, el Estado carece de una estrategia multidimensional en la materia. La Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida Sin Drogas (DEVIDA), es un organismo con un deficiente diseño institucional, que lo hace incapaz de liderar la acción estatal contra el narcotráfico; y su accionar no trasciende lo simbólico y burocrático. La acción del Estado en la mayor zona de producción de coca, en el valle formado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), es costosa, pero ineficiente y poco transparente. ¿Cuáles son los indicadores de progreso en la lucha para reducir la incidencia de narcotráfico allí?

La eficacia de los programas de cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico es igualmente poco auspiciosa. Una porción significativa de esos programas sigue operando como una suerte de bumerán, donde los recursos del país aportante retornan bajo la modalidad de contratos con sus empresas consultoras nacionales, sin que alcancen a tener impactos sostenibles allí adonde están formalmente destinados. Además, esos programas no van precedidos de una visión estratégica coherente. Desde la perspectiva peruana -dado que somos quienes ponemos el sudor, la sangre y el daño medioambiental dentro de la cadena productiva del narcotráfico- cabe preguntarse por qué es que los montos de confiscación de capitales provenientes del narcotráfico son tan irrisorios en los países consumidores, que es adonde acaban depositados buena parte de esos dineros ilícitamente obtenidos. ¿Y por qué los países consumidores no acuerdan invertir de modo automático la totalidad del dinero proveniente del narcotráfico que incautan, en beneficio de los países productores para que puedan enfrentar en mejores condiciones sus tareas de lucha contra ese flagelo?    

A nivel social, además, existe una generalizada actitud de tolerancia, sino de indiferencia, frente al fenómeno del narcotráfico. Y decenas de miles de compatriotas dependen para su subsistencia de esa ilícita actividad.

El planteamiento de liberalización del mercado de drogas podría ser eficaz en el contexto de países consumidores, pero sería devastador para un país productor como el Perú, pues induciría a la reconversión del narcotráfico hacia otras actividades criminales. Ya en nuestro país, este tiene significativa presencia en operaciones ilegales de minería y tala de árboles.

A la luz de los resultados alcanzados durante el último medio siglo en el combate contra el narcotráfico, no es exagerado sostener que esta constituye una causa ya perdida, pero no por ello debemos arriar banderas. No podemos entregarle el futuro de las nuevas generaciones a una actividad cuya esencia es criminal, corruptora y violenta; y que socava la institucionalidad democrática como estrategia para su propia subsistencia. Tenemos que aprender de nuestros errores para enfrentar esta causa patriótica con mayor eficacia. La opción sigue siendo clara y no admite transacciones: Narcopoder o democracia.