Niños y jóvenes reprimidos en nombre de la autoridad

El descontento de la población es creciente, no solo por el alza de los productos de primera necesidad, sino por la crisis política expresada en el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, la corrupción y la ineficacia de las instituciones gubernamentales en los distintos sectores.

La población sigue empobreciendo en un país de ricos y la “palabra de maestro” se la lleva el viento, junto con las esperanzas de millones de peruanas y peruanos que vieron llegar a palacio a un hombre del pueblo, una frase que hoy suena hueca.

Como en el pasado, el gobierno actual avala el uso desmedido de la fuerza con el propósito de mantener el orden público; apagando las vidas infantiles y juveniles, dejando niños en la orfandad y adolescentes en desprotección.

Durante el último paro de transportistas en Jauja-Junín, un menor de trece años murió ahogado en el río Yacus en medio de extrañas circunstancias, durante los enfrentamientos con la policía. Era un niño trabajador y responsable. Aunque tuve una vida corta hizo mucho por su familia, trabajando como estibador en el mercado, sin dejar de estudiar, muy consciente que su aporte complementaba los ingresos del hogar. Sin él, su padre con discapacidad visual tendrá pocas posibilidades de sacar adelante su hogar.

Alexander Trujillo (18) cae golpeado por el impacto de una bomba lacrimógena cuando protestaba en Ambo-Huánuco. Mientras que en medio de las manifestaciones en Guadalupe-Pisco es abatido Jhony Quinto (25), trabajador de una empresa agroindustrial que deja en la orfandad a dos infantes.

En la provincia de Concepción-Junín, la maestra Candy Hinostroza (31) fallece atropellada en medio de los disturbios a la altura del Puente Las Balsas dejando otros dos niños en la orfandad. Y como ellos, hay otros fallecidos y jóvenes heridos de gravedad por las protestas de los últimos días en las regiones.

En medio de esta crisis política y social, nos encontramos con los casos de dos adolescentes detenidos junto a otros jóvenes por cometer actos de vandalismo durante el sorpresivo estado de emergencia y toque de queda declarado en Lima. Se sabe que grupos delincuenciales reclutan niños y adolescentes en desprotección y abandono para sus fines, esta vez para destruir y saquear sedes de instituciones públicas.

Hay responsables políticos que deben responder por estos hechos sin escatimar esfuerzos para hacer justicia y reparar: familias que han perdido a sus familiares; padres fallecidos que dejaron a sus hijas e hijos en la orfandad; jóvenes que han quedado heridos y con discapacidad; trato judicial apropiado para adolescentes usados por redes criminales; y atención prioritaria a agentes de la policía que obedeciendo órdenes han quedado heridos.

Hay una mayoría ciudadana desesperanzada y golpeada por los acontecimientos a la espera que sus autoridades y representantes de Estado, dejen de usar su poder político para sus propios fines y aborden con responsabilidad, firmeza y compromiso la crisis en la que mantienen al país. No queremos perder más niños y jóvenes.