Las niñas, niños y adolescentes requieren el acompañamiento adulto para guiarlos y protegerlos de los peligros que acechan alrededor. Sin embargo, cuando no se toma en cuenta lo que piensan y sienten, hay cabida para castigar con violencia, reprimir, silenciar y humillar. Es entonces cuando guiar y proteger se traducen en prácticas de dominación y control, acarreando tristeza y frustración, perjudicando su desarrollo emocional y lesionando sus relaciones con los otros y con el mundo.
Si bien la tasa de letalidad por la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes es baja, les ha tocado vivir un periodo muy difícil en confinamiento, sin relacionarse con sus pares, sin poder disfrutar del espacio público y experimentando el dolor y la muerte de sus familiares. Además, miles quedaron a merced de sus agresores sexuales que a menudo están en el ámbito familiar, esos mismos adultos que debieran cuidarlos y protegerlos. Entre enero y agosto de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP ha reportado 3895 atenciones por violencia sexual a personas de 0 a 17 años en los Centros de Emergencia Mujer, y en ese mismo periodo se conocieron 10 casos de feminicidios de niñas y adolescentes. No los dañó y mató la COVID-19 sino la violencia, esa vieja pandemia instalada en la sociedad peruana hace siglos y frente a la cual no nos hemos inmunizado todavía.
La respuesta pública desde el MIMP ha aumentado progresivamente, pero no es suficiente. Por ejemplo, no se emiten mensajes para dejar de normalizar el castigo físico y humillante, detectar a los abusadores sexuales en el entorno familiar y denunciarlos de inmediato; tampoco se brindan los medios para fortalecernos y fortalecer a las niñas y niños en el cuidado de nuestros cuerpos. Sin una educación sexual y con un sistema de protección débil, no lograremos remontar esta situación. Paradójicamente, el gobierno ha decretado que las niñas y niños hasta los 14 años permanezcan en sus domicilios pudiendo salir sólo durante treinta minutos en un radio de 500 metros. El gobierno tuvo que retroceder en una medida similar dictada para los adultos mayores y lo mismo debiera suceder para con las niñas y niños en el actual contexto donde los casos de contagio y decesos por la COVID-19 han caído radicalmente.
Proteger a la niñez y adolescencia es una responsabilidad de todas y todos, pero es evidente que no es el contagio lo que más les afecta, sino la violencia. Una gran parte de esta población ya está sufriendo las consecuencias del empobrecimiento de sus familias, su expulsión del sistema educativo y los daños a su salud mental por el confinamiento, la enfermedad y la muerte de sus familiares. Mantenerlos encerrados en casa es una medida de sobreprotección que en nada los favorece, urge abrir y multiplicar los espacios públicos saludables para las familias donde puedan jugar y ejercitarse manteniendo la distancia, ampliar las áreas verdes e implementarlas con estaciones de lavado de manos, y continuar promoviendo el uso de mascarillas.
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