Repensar el país con los pueblos originarios

Tres integrantes del Tribunal Constitucional niegan que la consulta previa es un derecho fundamental de 6 millones de peruanas y peruanos autoidentificados como indígenas, y si bien el mecanismo es perfectible, dio salida favorable a muchos conflictos ambientales impidiendo más muertes de las que se cuentan. No es lo único, los gobiernos de espaldas a los pueblos originarios también tienen responsabilidad por los asesinatos de defensores ambientales a manos de la minería informal y la tala ilegal de bosques por no intervenir decididamente. Con el asesinato de Julio Fernández Hanco en Inambari – Madre de Dios, ya son 14 los defensores que hemos perdido durante la pandemia y que ha dado pie a la instalación de una mesa de defensores ambientales en dicha región, en diálogo entre el gobierno y las comunidades.

Pero no siempre el diálogo es la herramienta que el gobierno adopta para abordar los conflictos. En el distrito de Puinahua de la Provincia de Requena en Loreto, donde se encuentran las operaciones de la empresa Petro Tal, responsable del Lote 95, las comunidades indígenas kukama han detenido las operaciones porque demandan el cumplimiento de las actas suscritas años atrás que incluyen el financiamiento de los expedientes técnicos para la construcción de Centros de Salud, entre otros acuerdos. La Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap) ha alertado la llegada de contingentes militares a la zona y con ello la posibilidad de nuevos enfrentamientos que cobren más víctimas.

Recordemos que, en agosto 2020, Willian López (29), Chemilton Flores (37) y Elix Ruíz (35) perdieron la vida en manos de la fuerza del orden, cuando exigían al Estado más atención y una salida pacífica que les permita vivir en paz en sus territorios después de 11 años de ruidos y contaminación. Imposible no recordar la masacre de Bagua de junio 2009 con la pérdida de 33 peruanos, que al igual que la mayoría de conflictos, tiene de fondo el mismo origen: Los pueblos originarios con otras formas de vivir la vida, son guardianes tutelares de territorios donde habitan miles de especies y conservan tecnologías y conocimientos ancestrales, donde también existen abundantes recursos minerales y energéticos que mueven la economía y enriquecen a unos pocos dentro de un modelo desarrollo en que el que los mismos pueblos originarios no tienen cabida.

Estas enormes distancias que parecen insalvables con intereses y perspectivas que parecen irreconciliables, podrían resolverse si se repensará el Perú y sus posibilidades de desarrollo con los pueblos originarios, tal como lo anunció el actual gobierno y de ninguna manera con el uso de la fuerza justificada en la defensa de los intereses empresariales y nacionales. La vida de los pueblos originarios ya no puede seguir siendo amenazada en nombre del progreso.

Aunque estemos lejos, estaremos alertas de lo que ocurra en Puinahua y de las decisiones que tome el gobierno, porque la historia infame de la república contra los pueblos originarios y sus territorios tiene que cambiar.