Si usted tiene gripe, ¿iría al dentista? Seguro que estos profesionales saben de medicina, pero no están en la capacidad de diagnosticar si lo que usted tiene es una gripe habitual o si, más bien, es gripe aviar o quizás coronavirus.
Sucede algo similar con la seguridad ciudadana. Quienes saben son los policías. “Sacar a los militares a las calles” solo dará una falsa impresión de haber curado la gripe. Y quizás el remedio sea peor que la enfermedad. América Latina lo sabe.
Las justificaciones que han dado pie a que las Fuerzas Armadas participen en las tareas propias de la Policía han sido siempre las mismas en la región latinoamericana: la amenaza del crimen organizado (esencialmente narcotráfico y pandillas, en Centro América, México pero también Ecuador), insuficiente cantidad de policías, olas de inseguridad y por supuesto una abierta intención populista en ocasiones vista durante campañas electorales (Zúñiga, 2012).
Las justificaciones anteriores tienen un flujo particular. Vienen de arriba hacia abajo. Pero el otro sentido también es posible. Esa interpretación distinta es la que desarrolla John Bailey. La militarización también puede surgir de abajo hacia arriba. En este caso, los gobiernos sub nacionales presionan porque al nivel local la policía les ha dado pocos resultados. Y en ese ámbito, la policía está dentro de su nivel de decisión pues los alcaldes lideran los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana. Con sus recursos, las calles seguirán igual de peligrosas. ¿Qué hace falta entonces? Más militares. Caemos en una lógica circular. Siempre más militares.
Toparse en la calle con un militar con arma larga es probablemente disuasivo. Pero vayamos más allá del caso particular. ¿Destinar a los militares a las tareas de seguridad ha tenido impacto? Los estudios rigurosos no han sido aún desarrollados. Pero la participación de las FFAA en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) no habría tenido impacto (Zúñiga, 2012). Y ahí cuando parece haberlo tenido, este no se muestra sostenible en el tiempo. Una vez que ya no se les necesite, el regreso de los militares a los cuarteles podría propiciar un efecto rebote: delincuentes aumentando su frecuencia de acción porque justamente ya no hay militares.
Incuso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) ha sugerido que no se involucre a las FFAA en tareas de seguridad interior. Los riesgos, señala la Comisión, han sido históricamente demostrados y atañen diversos riesgo como la duplicidad de funciones y violaciones de derechos humanos. Otros riesgos son igualmente posibles, como la falta de un mando claro y la necesidad de mecanismos de control ad hoc. Otros riesgos también son posibles. En Bolivia, los militares a cargo de la seguridad ciudadana se enfrentaron con balas a policías en huelga, registrando víctimas letales (Rocabado, 2012).
Por último, hay que reiterarlo. la Constitución le da una función distinta a la Policía (orden interno) que a las Fuerzas Armadas (soberanía, integridad territorial). Por ello, la formación de policías es muy distinta de la entregada a los miembros del Ejército.
Dudo mucho que la propuesta de militarizar la seguridad ciudadana haya partido del propio Ministro del Interior. Sería un reconocimiento pleno que no puede con su labor. Es un misterio de dónde vino la propuesta, aunque lo que no es tal es su resultado: no funcionará. Nuevamente, podrá generarnos tranquilidad y tendrá a lo mucho un efecto disuasivo puntual de limitada duración. Ejemplos propios ya tenemos: ¿El problema de violencia en el Callao se solucionó con los reiterados Estados de Emergencia de los últimos años?
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012). Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Washington DC, Organización de Estados Americanos.
Rocabado, José (2012). La seguridad ciudadana en Bolivia: ¿hay espacio para las Fuerzas Armadas? Revista Urvio, n.° 12.
Zúñiga, Liza (2012). Desafíos institucionales de la colaboración policial – militar: El Triángulo Norte. Revista Urvio, n.° 12.
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