Los ‘Wachiturros de Tumán’, la investigación fiscal que compromete a Edwin Oviedo

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras la difusión de audios de sus conversaciones telefónicas con el suspendido magistrado César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo, ha vuelto a la palestra pública el caso de ‘Los Wachiturros de Tumán’. El dirigente de futbol es investigado por ser el presunto autor mediato del homicidio de Percy Waldemar Farro Witte y Manuel Rimarachín. Ambos eran dirigentes sindicales de la empresa azucarera Tumán cuando estaba bajo control del Grupo Oviedo.

El fiscal Juan Carrasco explicó en RPP Noticias los alcances de su investigación que inició en mayo del 2015 y que está “en su etapa final”.

“Había una organización criminal dedicada a silenciar a todos los opositores a la administración judicial que había sido designada por el señor Edwin Oviedo. La teoría de la Fiscalía está relacionada con el hecho de [querer] permanecer en la administración de la empresa Tumán y apropiarse del patrimonio de la empresa con la finalidad de mantenerse por 9 años y medio. Cualquier opositor, definitivamente era callado”, dijo.

 El Grupo Oviedo en Tumán

El Grupo Oviedo tuvo el control de la empresa Agroindustrial Tumán en tres etapas distintas. Una de ellas fue desde enero del 2006 hasta setiembre del 2015. El grupo había logrado el control de la azucarera tras la compra de una deuda de más de 2 millones de dólares a un acreedor de la azucarera en el 2006. El 7º Juzgado Civil de Lambayeque le dio la administración judicial por dos años para cobrar esa deuda. Se quedaron por más de nueve.

 Las muertes investigadas

El 11 de octubre de 2012, Rimarachín Cascos fue asesinado cuando salía de su casa en el distrito de Tumán. El trabajador azucarero recibió tres disparos de unos sicarios. El 14 de mayo de 2015, Farro Witte fue acribillado de tres disparos por la espalda por sujetos desconocidos, quienes lo atacaron cuando se encontraba perifoneando las actividades de la huelga de los trabajadores de la empresa Tumán.

“En el caso del señor Rimarachín directamente fue [asesinado] porque iba a iniciar una serie de paros y huelgas en contra de la administración dirigida por el señor Edwin Oviedo”, dijo el fiscal.

Según el representante del Ministerio Público, la imputación contra Edwin Oviedo se basa en pruebas indirectas o indiciarias en el marco de la teoría de la autoría mediata.

“No vamos a encontrar un documento donde se ordene el asesinato del dirigente sindical […] Trabajamos, por ejemplo, el tema del beneficio económico que no era para ninguno de los sicarios, tampoco para los administradores judiciales. El único beneficiado con el asesinato de esos dirigentes sindicales era directamente el señor Edwin Oviedo. Esa es la teoría de la Fiscalía”, explicó.

En agosto del 2015, la Policía Nacional allanó las oficinas de la empresa agroindustrial, donde halló armas de fuego y municiones. Según un informe fiscal de Lambayeque citado por Perú21, las instalaciones de la azucarera Tumán habrían sido empleadas durante la administración judicial del Grupo Oviedo para las prácticas de tiro de los miembros de la presunta organización criminal ‘Los Wachiturros’. 

 Las medidas de Oviedo

La Fiscalía incluyó a Edwin Oviedo en su investigación en agosto del 2015. Su defensa pedía que se detalle cuál fue su participación en los presuntos delitos por los cuales era investigado. Su pedido llegó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en noviembre del 2016.

Los cinco jueces supremos integrantes de la Sala, entre ellos César Hinostroza Pariachi, con quien Oviedo coordinó su viaje al Mundial Rusia 2018, le dieron la razón a la defensa de Edwin Oviedo al exigir que la Fiscalía detalle debidamente los cargos imputados en contra del investigado.

“La casación concluye básicamente el señor. El señor Oviedo durante la investigación estuvo en indefensión. ¿Por qué? Porque todo ciudadano tiene derecho a saber los cargos en su contra para poder defenderse”, dijo a Cuarto Poder, el asesor legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla.

En junio de este año, un Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la acción de amparo presentada por Edwin Oviedo Picchotito para que suspenda la investigación fiscal en su contra.