2023, un año de permanente inseguridad [INFORME]

“Tienes dos días para que me sueltes el billete, ¿oíste? Son diez mil soles o te exploto la puerta de tu casa. Ya sabes, mañana. Si no consigo el billete, te mando tu regalito”, se escucha decir a un extorsionador atormentando a su víctima. 

La extorsión ha sido uno de los delitos con mayor crecimiento de casos denunciados en 2023. Si bien la mayoría de las víctimas fueron pequeños y medianos empresarios, incluso las autoridades no se libraron de ser amenazadas por organizaciones criminales, principalmente localizadas en el norte del país.

A la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, le exigieron el pago de 300 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, y no era la única; el alcalde de Sullana, Marlem Marcelino Mogollón Meca, denunció en RPP ser víctima de extorsión.

“Según el servicio de inteligencia, hay un criminal, un sicario, que han contratado para que me mate. Después de las tres marchas por la paz, comenzaron estas amenazas”, relató.

Los casos escalan hasta el Congreso: la legisladora Vivian Olivos reveló que desde agosto era víctima de delincuentes que, bajo amenazas, le exigían una cierta cantidad de dinero.

“Yo no sé si ellos sabrían que soy congresista. Empecé a recibir las llamadas, y es claro que me alerté, me asusté”, indicó.

Según cifras recabadas por el Instituto de Defensa Legal, en el primer semestre de 2019, las denuncias por extorsión llegaban a 1 246. En el mismo periodo del año 2023, aumentaron a casi ocho mil las denuncias. Sin embargo, no es el único delito que registró un crecimiento significativo en los últimos cuatro años. 

Las denuncias por delitos informáticos crecieron de 930 a 7 734 denuncias, las estafas y otros fraudes aumentaron de 3 099 a 12 469; mientras que la tasa de homicidios varió de 2 343 casos registrados por la Policía a 2 474, en 2023.

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Estado de emergencia

La crisis de inseguridad motivó al Gobierno a implementar estados de emergencia en los distritos con mayores índices delictivos, en algunos distritos de Lima Metropolitana y Sullana, una medida cuestionada por diversos expertos en seguridad ciudadana, entre ellos Aldo Pecho quien sostiene que la cantidad de comisarías y efectivos policiales es desproporcionada en comparación con la cantidad de ciudadanos.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), debería haber un mínimo de 300 policías por cada cien mil habitantes, pero en estos distritos, la media no se cumple. En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, el distrito más poblado del Perú, con un millón y 200 mil habitantes, el déficit policial es aún mayor, como lo señala Aldo Pecho.

“San Juan de Lurigancho, según sus nueve comisarías, tiene 1 231 policías. La media por habitante es por cada policía se cuida a 977 personas. El segundo caso, es el caso de San Martín de Porres, quien tiene 780 mil habitantes a más y solo 326 policías cuidan un distrito tan grande y distribuidos en tres comisarías, para colmo. Esto hace una media de un policía cuida dos mil 326 personas”, advirtió.

Teniendo claro el desafío por delante en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿qué medidas se pueden adoptar o complementar para obtener resultados tangibles? Luis Herrera, exjefe de asesores del Ministerio del Interior y experto en seguridad ciudadana, considera que se requiere una estrategia de “mano dura”, que comience con una aplicación diferente de los procedimientos penales que emplea el sistema de justicia.

“En función a ese sinceramiento de esta situación, salir a buscar el consenso general de los actores para aprobar un modelo legal de excepción que durará entre 1 a 3 años, con normas específicas en tres campos, normas de excepción en materia de ubicación captura y detención temporal de los delincuentes, normas de excepción en materia de juzgamiento de los delincuentes y protección de jueces y fiscales y, en tercer lugar, normas especiales en materia de régimen penitenciario”, remarcó.

Si bien se requieren medidas urgentes para que la inseguridad ciudadana no siga comprometiendo sobremanera el desarrollo del Perú, perjudicando especialmente a los más vulnerables; también se necesita que estas medidas sean sensatas, que no afecten los derechos ciudadanos.

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