El Defensor del Pueblo, Walter Gtuiérrez, consideró que es urgente que el Estado y la sociedad "ataquen las causas estructurales de esta situación: el machismo y el sometimiento de las mujeres en su forma más extrema".
La Defensoría del Pueblo identificó que por lo menos 140 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos, tras los feminicidios de sus madres; otros nueve menores de edad perdieron la vida junto a sus progenitoras; y cuatro mujeres gestantes fueron asesinadas durante el 2018.
De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, estas víctimas fueron identificadas a nivel nacional, a fin de garantizar su acceso a la justicia. Agregó que es urgente que el Estado y la sociedad “ataquen las causas estructurales de esta situación: el machismo y el sometimiento de las mujeres en su forma más extrema”.
Medidas sin efecto
El Poder Ejecutivo creó en junio de 2018 la Comisión de Emergencia encargada de proponer las acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, como un espacio de coordinación entre los sectores para enfrentar esta situación. Sin embargo, pese al presupuesto de S/59 millones que se le asignó, las cifras de violencia incrementaron.
Entre los factores a tener en cuenta están la desarticulación, la falta de sensibilización y la capacitación de los operadores de justicia, pues las denunciantes señalan sentirse víctimas de la revictimización y discriminación cuando buscan ayuda.
La Policía Nacional no actualiza desde 2016 su guía de atención y no se ha creado la Dirección nacional contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, como lo establece la Ley N°30364. Además, falta información sistematizada y actualizada para seguimiento y prevención de los nuevos casos, y recién se ha presentado el plan piloto del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), pese a que está vigente desde 2015.
Situación en gobiernos
En cuanto a los gobiernos regionales, 24 crearon las instancias regionales de concertación para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, pero ninguna está funcionando adecuadamente. A nivel de municipalidades provinciales, solo el 44% (80) de 183 supervisadas crearon esa instancia, mientras que, a nivel distrital, no existe registro de su implementación.
“Desde la Defensoría del Pueblo, nos comprometemos a brindar a cada gobierno regional, provincial y distrital un plan mínimo de acción para luchar contra la violencia hacia las mujeres y a supervisar su cumplimiento”, dijo Gutiérrez, tras recordar que en noviembre envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando se denomine al 2019 “Año por la igualdad y no violencia contra niñas y mujeres”.
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