Dina Boluarte ante la Fiscalía, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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La Fiscalía de la Nación ha ampliado los cargos por los que Dina Boluarte viene siendo investigada desde el año 2021. Los cargos son graves porque caen bajo los conceptos penales de organización criminal y lavado de activos.

En un documento de 154 páginas, el fiscal Richard Rojas cita sobre todo las afirmaciones del empresario Henry Shimabukuro, quien desempeñó elevados puestos de confianza bajo la presidencia de Pedro Castillo. Antes de integrarse al sistema de Inteligencia del Estado, Shimabukuro parece haber hecho gastos de la campaña electoral de abril y junio del 2021. Entre ellos vuelos, hoteles y comidas de la por entonces candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte.

El fiscal coordinador de los casos que tienen que ver con lavado de activos, Rafael Vela, ha precisado que en todos loHenry Shimabukuros casos se trata de actos que tuvieron lugar antes de que Boluarte accediera a la presidencia. En cualquier caso, nuevamente nos hallamos ante una jefa de Estado bajo investigación fiscal, y a la vez sometida a una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. La señora Boluarte se ha defendido atacando, en particular al “reo de la Diroes”, a Shimabukuro y a otras personalidades vinculadas al golpe del 7 de diciembre. Una vez más, lo judicial vuelve a convertirse en terreno del enfrentamiento político, es decir en recurso para eliminar políticamente al adversario.

Para evitarlo, Boluarte debería contestar de manera objetiva a las acusaciones y eventualmente asumir los errores y las faltas que hayan podido cometerse. El interés de su gobierno y el del Perú, es dejar atrás el período de inestabilidad cainita que se inauguró el 2016 y que no ha cesado de distraer las energías políticas. Lejos de reforzar su voluntad de permanecer en el poder hasta el 2026, Boluarte podría reconocer las circunstancias anómalas que la llevaron a la presidencia y la conveniencia de promover la realización de elecciones anticipadas.

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