En RPP, el especialista Iván Arenas consideró que solo podría haber una extensión de seis meses, un periodo en el que – estimó – se podría formalizar a los mineros si existiera la voluntad política y técnica.
El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles el dictamen que plantea ampliar por quinta vez el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
A poco del debate, el especialista en temas de minería, Iván Arenas, advirtió que la propuesta representa una problemática seria, porque existe el riesgo de que la minería ilegal camufle su producción.
“De todas maneras, genera un riesgo de que en los 31 565 reinfos vigentes, de todas maneras, hay un riesgo que se camufle la minería ilegal y ya sabemos todo lo que ello conlleva. Ahora, el Congreso pretende, una parte del Congreso pretende ampliar por dos años. Eso en realidad es una exageración, una barbaridad y un abuso”, declaró en La Rotativa del Aire.
Arenas enfatizó que, a pesar de la intención de incluir a más de 50 000 mineros excluidos en este proceso, lo que en realidad se estaría promoviendo es una especie de continuidad en la actividad informal en el sector minero.
Según el especialista, la intención de algunos sectores del Congreso de proteger los empleos ha llevado a una situación donde se favorece la informalidad.
"Quienes están promoviendo la ampliación del Reinfo tienden a perpetuar el estado de informalidad del sector, impidiendo así una verdadera formalización de los mineros", precisó.
Además, comentó que el proceso de formalización ha sido obstaculizado por una burocracia exacerbada que dificulta la regularización de los más de 31 000 registros de minería.
En cuanto a la discusión sobre el límite de la ampliación, Arenas sugirió que, técnicamente, una extensión viable no debería superar los seis meses.
"En ese tiempo, se podría formalizar a los mineros si existiera la voluntad política y técnica para ello", destacó, sugiriendo además que muchos de los mineros quieren formalizarse a pesar de las condiciones impuestas.
Finalmente, Arenas subrayó que no sería constitucional permitir que los aproximadamente 50 000 mineros excluidos regresen al proceso de formalización, ya que su período ya había caducado desde el año 2021.
“El Congreso debería tener suficiente cordura para limitar la ampliación a un periodo razonable y evitar crear ilusiones sobre el retorno de estos mineros al registro", concluyó.