La Corte Suprema de Justicia rechaza cualquier intento de "intromisión" política en las decisiones judiciales

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República expresó su rechazo a cualquier tipo de intromisión, interferencia o amenaza que pretenda condicionar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

En un pronunciamiento, el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial señaló que, en un Estado constitucional y democrático de derecho, el comportamiento de todos los ciudadanos y altos funcionarios debe descartar limitaciones o condicionamientos de cualquier índole hacia la labor judicial. 

"Es, asimismo, inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo", remarcó.

La Corte Suprema de Justicia advirtió que cualquier intento de interferir o controlar la justicia no solo busca destruir el sistema de justicia, sino que termina perjudicando directamente a la ciudadanía, afectando de manera particular a los sectores más vulnerables de la población. 

En ese sentido, mostró su profunda preocupación ante el uso del poder político para realizar conductas que contravienen el orden democrático y la separación de poderes.

"El Poder Judicial rechaza aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático", manifestó.

"Solo un Poder Judicial plenamente independiente puede garantizar la protección integral de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, así como una convivencia pacífica y próspera, en la cual la justicia sea reconocida como un servicio para el bien común", recordó. 

Frente a lo que calificaron como "imputaciones infundadas o agresiones alevosas", la Corte Suprema de Justicia reafirmó su propósito de continuar brindando una tutela jurisdiccional efectiva sin rendirse ante presiones que busquen instrumentalizar el control político, disciplinario o punitivo.

Lo que dijo Fernando Rospigliosi

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se produjo tras las declaraciones del presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien criticó la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de no aplicar, en el caso de la masacre de Cayara (región de Ayacucho), ocurrida en 1988, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad para hechos ocurridos antes de 2002. El tribunal declaró infundado los pedidos de nulidad y de prescripción de la causa solicitada por los exmilitares Alejandro Lautaro Avendaño Dávila, Gino Espejo Lamas y José Rolando Valdivia Dueñas.

"Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la Ley 32107, de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente, después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que barrerlo. ¡Soluciones radicales!", escribió en su cuenta en la red social X.

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